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Han pasado seis meses desde el 25 de octubre, el plazo que en su momento dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que España saliera del estado de alarma. La segunda excepción general en la historia de la democracia pretendía frenar la segunda ola de covid y, según el Gobierno, dejar al país "en una tasa de incidencia acumulada de 25 casos de covid por cien mil habitantes" en los últimos catorce días. El segundo objetivo, claramente, no se ha cumplido. Y tras la segunda ola vino una tercera y una cuarta. ¿Ha servido el estado de alarma? Los expertos tienen claro que sí, pero haría falta prorrogarlo.
Los datos no parecen corroborar la opinión de epidemiólogos, especialistas en salud pública y médicos preventivistas. Pero lo importante, dicen, es ver que ha pasado entre el inicio del estado de alarma y el final. Estas son las situaciones de partida y de término:
Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias considera que una comparación de meros datos es tramposa, porque "hay que comparar la efectividad del estado de alarma con no hacer nada".
"En octubre muchas regiones no habían sufrido tantos casos de covid como otras, y en muchos lugares se han tomado medidas bastante extremas, mucho más que en la desescalada, por ejemplo". Así que para él no se ha quedado corto el estado de alarma, porque "ha permitido hacer casi lo que querían a las autoridades delegadas. Y hacerlo rápidamente. La otra opción era la que se plantea a partir de ahora: pedir autorización judicial para restringir derechos. Es mucho más lento y farragoso", opina.
Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) es contundente y pone de ejemplo a la Comunidad Valenciana, que llegó a superar una incidencia de 1.000 a principios de año y tomó medidas muy drásticas, todas contempladas en el estado de alarma. "Si el estado de alarma se aplica, claro que funciona", opina. Pero cada región ha decidido una estrategia dentro de las posibilidades que se contemplaban.
Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, coincide en que sin el estado de alarama "estaríamos mucho peor de lo que estamos", pero reconoce que es necesario un instrumento legal parecido durante más tiempo "que permita tomar medidas donde sean necesarias".
La Sociedad Española de Epidemiología teme que con el levantamiento del estado de alarma y consiguiente relajación de restricciones, la llegada de la época estival y los avances en la vacunación, la población baje la guardia. "Con incidencias acumuladas estancadas por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, la pandemia todavía está lejos de ser controlada", aseveran los epidemiólogos. "Nos preocupa especialmente el estancamiento de la incidencia acumulada, y que la mayoría de las comunidades autónomas están situadas en niveles de riesgo de rebrotes de 3 o 4", advierten.
En opinión de Hernández, el hecho de que haya habido tres olas de covid durante el estado de alarma no es porque no haya funcionado, sino que "sobre todo en las comunidades en las que no hubo una ola tan alta en marzo de 2020 había cierta confianza, no se era consciente de lo que podía pasar" y no se implementaron medidas o éstas no se cumplieron.
Zurriaga corrobora que "ni las medidas han sido iguales en todas partes ni el cumplimiento ha sido homogéneo", y hace falta un trabajo de concienciación que es difícil si se transmite la idea de que se ha vencido al virus: "No hemos llegado al objetivo de tener una incidencia que indique riesgo bajo de futuras olas, así que no, el fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia".
Ambos expertos coinciden en que depender de órdenes judiciales para tomar medidas que eviten la propagación del coronavirus es más lento y más inseguro que tener activo el estado de alarma. "Los 15 días posteriores al decaimiento del estado de alarma deberían mantenerse la mayor parte de medidas que se pueda, que son todas las que no afectan a derechos fundamentales: distancia, aforos, mascarillas, comensales por mesa. Y pedir la autorización judicial para otras", opina Ildefonso Hernández, para tener cierto margen de reacción y ver cómo evolucionan los contagios.
La esperanza es, de nuevo, la vacunación, porque "vacunando a un ritmo muy rápido las posibilidades de incidencias altas bajan. Cada semana ganamos tiempo para evitar que haya una subida importante de incidencia", apunta el especialista en salud pública.
El preventivista Rafael Ortí coincide en que 15 días más, para "pegar un empujón a la vacunación", serían importantes. "Todavía tenemos para vacunar a bastantes personas de grupos de riesgo con la segunda dosis... Con unos días más podríamos tener completados a los mayores de 70, y con 15 días podríamos tener a más de la mitad de los mayores de 60... No habría estado de más esperar un mes. Nos habría dado una seguridad muy importante de cara a evitar posibles rebrotes. O 20 días más".
15 días claves, en definitiva, para que no aumente la presión asistencial sobre las UCI: "Si tenemos solamente a menores de 60 sin vacunar, vamos a tener muy pocos ingresos en hospitales y muy escasos en UCI. Habrá alguno, pero no será ni parecido a lo que hemos visto hasta ahora", explica Ortí.
De cara a los próximos meses, todas las sociedades científicas alertan de que hay que hacer los deberes que no se hicieron el verano pasado. Es decir, invertir en salud pública, en rastreadores y en capacidad de detección. La Sociedad de Epidemiología insiste en que "es imprescindible realizar estudios de contactos exhaustivos tanto en convivientes como en no convivientes, monitorizando el cumplimiento de aislamientos y cuarentenas en todos los ámbitos". Asimismo, apuntan que es importante "recoger adecuadamente los antecedentes epidemiológicos de los positivos para conocer cómo se han contagiado y poder controlar posibles casos no detectados de la misma cadena de transmisión". Porque saber cómo se contagia la gente es fundamental para controlar esos ámbitos.
Hernández le pone palabras concretas: " El decaimiento del estado de alarma debería haber estado apoyado por un refuerzo claro de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Necesitamos una agencia de salud pública del siglo XXI, una gestión de datos moderna".
Preocupa también a los expertos la capacidad para detectar nuevas variantes. La secuenciación genética es todavía escasa en España, y eso puede hacer que las variantes se hagan fuertes, sean las dominantes y puedan llegar a suponer un problema ya que algunas son más transmisibles y muestran cierta resistencia a los anticuerpos.