El Gobierno pone fin a la lucha de unos abuelos por relegar el apellido del asesino de su hija

Madrugada del 21 de enero 2015. Jesús llamó a sus suegros, Francisco Montiel y Francisca Aguilar, diciéndoles que su hija Sandra se encontraba mal y que acudieran al domicilio. Desde su casa en la localidad barcelonesa de Terrassa, Paquita se echa a llorar al recordarlo. "No se me borra", afirma entre lágrimas. Porque lo que se encontró al llegar a la vivienda fue el cadáver de su hija, de 39 años, "en mitad de un charco de sangre", asesinada a manos de su marido. Él apareció suicidado en el garaje. Y el hijo de ambos, que entonces tenía 6 años, estaba "encerrado" en una habitación.

Los padres de Sandra llevan desde entonces luchando para que su nieto cambie el orden de sus apellidos y lleve primero el de la madre. Si nada se tuerce, esa pelea terminará este martes. El Gobierno prevé aprobar un decreto en el próximo Consejo de Ministros para que el menor, de 13 años, que vive con sus abuelos, pase a tener Montiel como primer apellido y para que su descendencia también lo tenga. "No es agradable llevar el apellido de un asesino", señala el abuelo.

Siete años después del crimen machista, Francisco y Paquita y el niño viven en el lugar en que todo ocurrió, la casa de Sandra. Los abuelos se trasladaron allí para que la vida del pequeño sufriera los mínimos cambios posibles.

La Justicia les dio la custodia cuatro meses después del asesinato. Esa parte fue la más sencilla, pero no sabían lo que les esperaba con el asunto de los apellidos. Francisco y Paquita hacen hincapié en que no necesitan eliminar de manera radical el apellido del padre, solo ponerlo por detrás. Lo hacen pensando también en cuando su nieto tenga a sus propios hijos, para que se vaya perdiendo el rastro del asesino.

Pero esa batalla legal ha sido más complicada. Primero, en los tribunales se encontraron con un fiscal que se opuso al cambio porque el niño era menor de edad. Paquita responde a eso: "Ya sé que puede hacerlo cuando sea mayor de edad, pero yo quiero que se cambie ya", entre otras cosas, para que conste así cuando termine la ESO.

La clave de la postura de la Fiscalía está en el Registro Civil. Los apellidos se pueden poner como los padres quieran, pero una vez eso queda inscrito, ya no se pueden modificar hasta que el hijo es mayor de edad. Aunque el juzgado se puso del lado de la Fiscalía, propuso al matrimonio que lo intentara en el Ministerio de Justicia alegando que el niño era víctima de violencia de género y que podía acudir a las excepciones que contempla la Ley.

Tras apelar sin éxito, plantearon su caso ante Justicia. Las últimas noticias que tuvieron fueron en diciembre de 2019, cuando les pidieron la documentación; un año después, les aseguraron que habría una respuesta en breve. Sin embargo, ellos siguen esperando y denunciando el caso públicamente.

Fuentes del Ejecutivo indican que no se explican muy bien qué ha ocurrido para que este expediente quedara en el limbo, pero que tan pronto como han tenido noticia, se han puesto manos a la obra y han dado un "acelerón extremo". Por eso, este martes, 29 de marzo, el Consejo de Ministros prevé hacer un decreto 'ad hoc', con el visto bueno a ese cambio de apellidos.

Para los psicólogos que han atendido a esta familia, la modificación de los apellidos es fundamental para "pasar página". No sólo eso, les han recomendado que retiren todas las fotografías que haya de él. Y así lo han hecho. En la casa de Terrassa donde murió su hija asesinada sólo hay imágenes de Sandra y de ella con el niño. Ni rastro de él.

Lo de los apellidos ha costado más. Y eso que, en su día a día, el pequeño ya no lleva el apellido de su padre. "En el colegio lleva el de la madre, todo el mundo lo conoce así", afirman los abuelos, añadiendo que el menor "se parece mucho a Sandra". "Es muy pulidito, como ella", subraya Paquita, orgullosa de su nieto.

Al referirse a Jesús, sólo usan un apelativo: "el asesino". En esa casa, no les sale llamarlo de otra manera después de acabar con la vida de su mujer y destrozar la de sus actuales ocupantes.