El abogado defensor de ‘La Manada’, Agustín Martínez Becerra, ha mostrado su profundo desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de elevar la condena a 15 años por un delito continuado de violación.

“Es lo que toda la sociedad quería, que se haya hecho justicia… eso es otra cosa”, ha manifestado, ha manifestado, recalcando que el Supremo “ha querido” pronunciarse de un modo en el que no lo habían hecho ni la Audiencia de Navarra ni el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, quienes vieron abuso en lugar de violación, condenándoles a 9 años de cárcel.

A su juicio, en la decisión del Supremo de elevar la condena a 15 años por un delito de violación continuado, no median “argumentos” suficientes, razón por la cual asegura que no está “en nada de acuerdo” con el pronunciamiento.

En este sentido, ha insistido en conectar la sentencia con el escenario de que “el Estado, el país, querían que les condenaran” por un delito de agresión sexual.

Visiblemente molesto, Martínez ha reconocido públicamente sentirse “responsable” tras la decisión del Tribunal Supremo y la condena contra ‘La Manada’. “Yo creo que son inocentes. Y eso me hace sentir la frustración de una sentencia condenatoria absolutamente dura, ejemplarizante, radical”, ha asegurado.

“Desde luego, sí tengo sensación de fracaso. Estoy absolutamente convencido de que son inocentes. Estoy absolutamente convencidos de que después de 3 años trabajando en este asunto, hoy hay cinco inocentes en prisión. Para mí siempre seguirán siendo cinco inocentes que están en prisión. Porque conozco el asunto, porque lo he estudiado, porque he visto todas las declaraciones, porque he vivido el sentimiento en la sala con todas las opiniones…” ha insistido.

Del mismo modo, Martínez ha asegurado que los integrantes de ‘La Manada’ han recibido la decisión con estupefacción.

"No les no cabe en la cabeza que por unos hechos que cinco magistrados en Pamplona han considerado que era abuso, entendiendo que era una situación muy peculiar y compleja, ahora se diga que es agresión sexual, 15 años más 2 años con robo con fuerza por llevarse un móvil”, ha dicho.

A este respecto, se ha manifestado especialmente crítico al denunciar que se les han llevado para su ingreso en prisión sin haberles comunicado la sentencia. “Ni tan siquiera la comunicación del fallo”, ha criticado, reclamando que deberían haberlo hecho antes de que “la secreta” se presentase en sus casas para trasladarles a prisión, así como haberles dado “el mínimo tiempo para despedirse, casi por humanidad”; darles un plazo.

Muy enfadado se ha expresado también al referirse a las informaciones que apuntaban a que alguno de los integrantes de ‘La Manada’ habría intentado fugarse. “¿Es necesario todo esto? ¿Es necesario mentir por un click? ¿Decir que los han visto en Ibiza, que los han vitoreado en la feria o que hoy se han intentado escapar?” ha denunciado.

Al mismo tiempo, se ha referido a una “brutal presión” en el caso, tanto desde lo social como desde lo político. “Cada resolución que ha habido ha sido contestada con manifestaciones en la calle”. “Esa alegría que he podido leer en muchos mensajes de políticos, de algarabía… Maravilloso. Su presión es evidentemente más fuerte que la mía”, ha ironizado, yendo más allá: “La manifestación que había esta tarde convocada ya no es necesaria” ha dicho, dejando caer que ahora ya pueden “celebrar”.

El abogado de ‘La Manada’ ha recalcado que en un Estado de derecho esa presión no debería influir, pasando inmediatamente a cuestionar: "¿Es esto un Estado de derecho?"

“Cuando uno lee la sentencia, yo creo que si les dieran oportunidad de nuevo a los magistrados que redactaron los hechos probados en la Sección Segunda de Navarra lo redactarían de otra manera. No creo que en ningún caso en la mente de los que redactaron la sentencia condenatoria estuviese la posibilidad de que les condenasen por agresión sexual a 15 años. No creo que en el peor de los escenarios pensasen que la sentencia iba a ser tan extremadamente dura”, ha dicho Martínez, quien ha pasado a criticar ciertas “interpretaciones” de los escritos:

“Hay que tener mucho cuidado con los adjetivos, porque por los adjetivos y las palabras se han hecho interpretaciones que han dado a la consideración de que puede haber intimidación o violencia simplemente por utilizar una determinada palabra”, ha sentenciado.

No ha querido aclarar si recurrirá a instancias superiores, Principalmente, ha apostillado, porque todavía no tiene la sentencia. “Solamente tengo el escueto fallo”, ha dicho.

Del mismo modo, preguntado por si cree que seguirá siendo abogado de ‘La Manada’, ha contestado: “La responsabilidad de un letrado está en función de que sus clientes sigan o no confiando en él. No sé si lo entenderán así”.

“Ellos están en (la jefatura de Sevilla) Blas Infante, pero les van a comunicar de manera inmediata al centro penitenciario. Creo que los van a llevar a Mairena, e intentaré ir mañana a verlos”, ha finalizado, atendiendo a los medios de comunicación.

En su discurso de defensa, durante el alegato, el abogado de ‘La Manada’ ha negado la mayor, asegurando que la joven fuera violada. “Ella sí quería hacerlo. Denunció porque le sustrajeron el móvil”, ha llegado a decir, afirmando que la víctima sintió pánico tras mantener relaciones sexuales y saber que había sido grabada con los teléfonos y que las imágenes podían ser difundidas, extendiéndose por las redes sociales. Ese es el argumento en torno al cual giraba la defensa.

En las "relaciones sexuales", ha llegado a argumentar, "no hubo miedo, no hubo dolor ni daño. Ella misma lo reconoce. No hay dolor a pesar de que mantuvo relaciones sexuales anales. Para que sea no, hay que decir no", ha destacado el letrado, llegando a decir que la joven pudo hacer “simplemente un gesto, una mínima oposición, para manifestar que no de alguna manera”.

En este sentido, su conclusión es que “hubo un cruce de voluntades”. “Lo que ocurrió en ese portal en el peor de los casos fue equívoco. No se ejerció ningún tipo de violencia o amenaza. No hizo ningún gesto durante los juegos preliminares".

El Tribunal Supremo, no obstante, en su resolución describe “un auténtico escenario intimidatorio” en el que la víctima "en ningún momento consiente a los actos sexuales llevados a cabo por los acusados".

Los hechos “no pueden constituir un delito de abuso sexual, sino un delito de violación”, subrayan, añadiendo que es la situación "intimidante" la que hizo que la víctima "adoptara una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera, ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en el que fue introducida a la fuerza".

Hubo “al menos diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales", subrayan, destacando además que hubo un "error en la calificación jurídica de la sentencia" al considerar concurrente un único delito continuado cuando por la pluralidad de intervinientes y de actos agresivos, la correcta calificación hubiera sido considerar a los acusados autores y partícipes de una pluralidad de delitos de agresión sexual".

Sin embargo, a este respecto, al no haber sido objeto de impugnación por ninguna de las acusaciones, y consecuentemente el principio acusatorio, la Sala no puede pronunciarse al respecto.

Más allá, en lo que se refiere a las agravaciones específicas del delito de violación, el Tribunal Supremo señala el "trato vejatorio o degradante", dado que hubo varias penetraciones simultáneas y los acusados hicieron "alarde" en los vídeos grabados, "jactándose de su obrar".

La condena a los miembros de ‘La Manada’ ha sido elevada a 15 años de cárcel, y en el caso de Antonio Manuel Guerrero, --quien perderá su condición como agente del Instituto Armado de forma definitiva una vez que se le notifique la sentencia del Tribunal Supremo-- la condena es de dos años más de cárcel, en total 17, como responsable del delito de robo con intimidación del móvil de la víctima. Además, la Sala incrementa el importe de la responsabilidad civil a la que ésta tiene derecho a la cantidad de 100.00 euros.

Del mismo modo, se inhabilita a los cinco durante el tiempo de la condena, se les prohíbe acercarse a menos de 500 metros al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente la víctima durante 20 años, y se les impone 8 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena.

Con el fallo del Supremo, que se ha adoptado por unanimidad, la sentencia ya es firme, pero el encargado de ejecutar las penas deberá ser el tribunal enjuiciador, es decir, la Audiencia Provincial.