La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha defendido la labor de su departamento durante la crisis de listeriosis. No obstante, ha criticado la calidad de la información que la Junta de Andalucía facilitaba aunque ha admitido que fue "mejorando" a lo largo de la crisis, "coincidiendo", además, con la remisión del brote que ha fechado en el 23 de agosto.

Durante la intervención en el Congreso de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, para explicar la actuación de su departamento en la crisis de la listeriosis, ha explicado que el intercambio de información con el Gobierno andaluz fue "numeroso" y facilitaron datos sobre muestras, productos analizados, cantidades retiradas, localización del producto y casos sospechosos y confirmados, entre otros.

Sin embargo, Carcedo ha indicado que se solicitó la aclaración, "varias veces", sobre algunos de estos datos. "En particular sobre las cantidades retiradas, la localización y custodia de las mismas y el destino final del producto", ha apuntado.

Además, el Ministerio pidió una "descripción más precisa" de los casos para "una gestión óptima del brote".

"Lo cierto es que la calidad y oportunidad de la información que la Junta ha ido remitiendo a la red de alertas ha mejorado a lo largo de la crisis. La mejora de la información se ha producido coincidiendo con la remisión del brote", ha reconocido Carcedo, que fecha esta mejora de la crisis en el 23 de agosto.

Del mismo modo, la ministra ha recordado que las competencias sobre seguridad alimentaria están transferidas a las comunidades autónomas desde 1985 y son ellas quienes tienen la "autoridad para evaluar y dar el visto bueno" al sistema de autocontrol de las empresas y establecimientos alimentarios.

El Ministerio de Sanidad, según ha apuntado, sólo tendría un papel de "coordinación" cuando la incidencias "superen el ámbito" de una región. De ahí que haya señalado que su departamento "ha cumplido y está cumpliendo su labor" en esta situación a pesar de que, según ha indicado, hay que analizar "cualquier posibilidad de mejora".

Aún así, ha calificado de "alto nivel" el número de inspecciones realizadas en el país en esta materia. En concreto, ha explicado que el año pasado se realizaron 113.500 análisis sobre productos alimenticios y 177.229 controles de etiquetado e información al consumidor en productos a la venta. El promedio de porcentaje de incumplimiento de los programas de información al consumidor y etiquetado fue, según Carcedo, del 10,5%, un dato que está en "la media de la UE".