Desde el PP se reitera que el ex portavoz del Poder Judicial -que actualmente es magistrado en la Audiencia Nacional- es un candidato válido porque este mismo mes ha cumplido los quince años de servicio en activo, y por ello fuentes que participan en la negociación con el PSOE consideran que el veto de los socialistas a aceptarlo es "claramente político".

El PP considera "inaceptable" que el PSOE repruebe a López, pero también remarca que este es el único obstáculo que impide el consenso, dando a entender así que si los socialistas admitieran incorporar a este candidato, los populares no pondrían reparos a los nombres postulados por el partido que sustenta al Gobierno.

López fue excluido de las negociaciones políticas llevadas a cabo en el Senado para proponer sus candidatos porque no había ejercido quince años como magistrado, ya que la Cámara alta consideró que no debían computarse los siete años que pasó en el Consejo General del Poder Judicial.

El PP estima que ahora sí cumple ese requisito, aunque en las filas socialistas hacen otras cuentas y creen que aún le faltan unos meses, más o menos hasta la próxima primavera.

Así las cosas, y aunque hoy mismo han continuado los contactos entre los negociadores del Gobierno y del PP, ninguna de las fuentes consultadas por Efe confiaba en lograrlo.

Ha dejado el Ejecutivo llevar el peso de la negociación al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en tanto que el PP ha confiado la tarea a su portavoz de Justicia, Federico Trillo.

La renovación de los cuatro magistrados designados por el Congreso está pendiente desde el pasado 7 de noviembre, aunque uno de los puestos -el correspondiente a Roberto García Calvo- permanece vacante desde el fallecimiento de este magistrado en mayo de 2008.

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ya se dirigió entonces al presidente del Congreso, José Bono, para instarle a que iniciara el procedimiento para su sustitución.

No ha sido ésa la única ocasión en la que Casas ha urgido a la Cámara baja a designar magistrados, ya que el pasado 30 de junio envió a Bono una carta en la que, tal y como ordena la Ley Orgánica del Constitucional (LOTC), le comunicaba que faltaban poco más de cuatro meses para que expirara el mandato de los miembros del tribunal designados por el Congreso.

Desde esa fecha, el pleno del Constitucional se ha dirigido en otras dos ocasiones al Congreso con el mismo fin, la última vez la semana pasada, después de que el PSOE y el PP se dieran un nuevo plazo de una semana, el que vence mañana, para alcanzar un acuerdo.

Además del de García-Calvo, la Cámara baja debe designar los sustitutos de los magistrados Javier Delgado, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera.

Su no renovación supone que, a día de hoy, siete de los once miembros con los que tras la muerte de García-Calvo cuenta el Constitucional están en funciones, ya que aunque el Senado sí aprobó el pasado día 1 -con tres años de retraso- los nombres de los cuatro magistrados que le corresponde renovar, sus nombramientos aún no han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). EFE