Alrededor de 5.000 niños nacidos cada año en España padecen trastorno del espectro alcohólico fetal, que se caracteriza por un grupo de afecciones físicas, de conducta o de aprendizaje, producido en personas cuyas madres han consumido alcohol durante el embarazo.

Así se ha manifestado durante un acto organizado por diversas asociaciones de afectados en el Ministerio de Sanidad con motivo de la celebración del Día Mundial de la enfermedad, la cual tiene una incidencia 10 veces mayor que el síndrome de Down pero que está muy infradiagnosticada.

Como se puso de manifiesto en el encuentro, para poder diagnosticar este trastorno es necesaria una documentación "fiable" del embarazo y la colaboración de médicos y psicólogos con experiencia clínica en esta enfermedad, requisitos que en la actualidad presentan "muchas lagunas".

"El Sistema Nacional de Salud está preparado para atender a estos pacientes, pero es necesario mejorar la formación de los profesionales sanitarios, ya que muchos no saben todavía qué es", han dicho los especialistas, además de avisar de que la normalización que tiene la sociedad con respecto al consumo de alcohol hace que sea aún más difícil prevenir y detectar esta enfermedad.

El nivel de afectación de los niños cuyas madres han bebido alcohol durante el embarazo depende de muchos factores, debido a que se ha observado que esta sustancia impide el desarrollo normal del cerebro, provocando así dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y de integración social.

Así es como algunos adolescentes afectados por este trastorno, lo han descrito y han asegurado que son muy "impulsivos" y que suelen actuar sin pensar en las consecuencias que pueden tener sus actos. "No sabes lo que te pasa y te crees que eres una carga para la familia y para todos. Sufres mucho hasta que no eres consciente de lo que te pasa y no lo sabe tu entorno", han aseverado.

Como consecuencia, los expertos recalcan la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz, realizar estudios de prevalencia, impulsar la creación de unidades de referencia, realizar protocolos de prevención y actuación, catalogar la atención específicas, incluir los criterios de valoración de la discapacidad y mejorar la formación de profesionales sanitarios, educadores, jueces e, incluso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.