"Yo creo que es una conquista formidable del movimiento de derechos humanos y de las víctimas de la desaparición forzada", dijo a Efe el ponente de la iniciativa, el congresista del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepdeda, quien recordó que la Convención fue adoptada en 2006 por Naciones Unidas.
La iniciativa, que había sido presentada y aprobada por el Senado en 2009 ahora recibió 88 votos en la plenaria de la Cámara con lo que ahora supondrá, de ser ratificado por el presidente Juan Manuel Santos, la entrada en vigor ya que sólo faltaba un país para hacerla efectiva.
La Convención es un tratado vinculante y define la desaparición forzada como una violación a los derechos humanos y consiste en que una persona es secuestrada o detenida por las autoridades de un Estado que seguidamente se niega a dar información sobre el paradero de esa persona o lo que ha sucedido con ella.
Los cuatro puntos fundamentales de la Convención para luchar contra las desapariciones forzadas son combatir la impunidad, la prevención, el derecho de las víctimas y la aplicación de la Ley.
Para combatir la impunidad, los Estados tienen la obligación de hacer comparecer ante la justicia a los responsables del delito. Cuando la acción ilegal se cometa en otras jurisdicciones, los Estados deben enjuiciar o extraditar a los presuntos criminales.
En cuanto a la prevención, se contempla que todos los sitios en donde las autoridades tengan detenidos, deben ser oficiales y los detenidos deben tener comunicación con el exterior, bien sea con su familia o abogado.
En lo referente al derecho de las víctimas, la Convención reconoce que las víctimas no son solo los desaparecidos, sino también su familia, quien tendrá derecho a conocer qué sucedió con el desaparecido y a recibir una reparación por el daño causado.
Por los lados de la aplicación, se establece que un Comité de 10 expertos internacionales velará por la aplicación de la Convención y revisará los informes que presenten los Estados. También puede recibir quejas particulares.
Al referirse a las bondades de la Convención, el congresista Cepeda señaló que "ahora las víctimas tienen un instrumento que les permite reclamar ante instancias que no son retóricas", pues ellas pueden recurrir a la protección internacional.
Al explicar el mecanismo, el parlamentario explicó que "Colombia adhiere y se convierte en el vigésimo país y entra a operar en los demás países que ya la suscribieron".
Consideró que el paso dado por Colombia es importante porque no solo se logra poner en funcionamiento en el país, sino que permite que la Convención se aplique en todos los Estados suscriptores.
Cepeda recordó que en Colombia hay alrededor de 50.000 desaparecidos, aunque dijo que "hay que concretar esos datos" ya que hay cifras dispares entre distintas entidades gubernamentales.
También en declaraciones a Efe, Cepeda insistió en que "Colombia, en el escalafón mundial, está entre los primeros lugares", de desapariciones forzadas y consideró que "podría estar al nivel de Argentina o incluso más".
Pero, para Cepeda, "lo más grave no es la dimensión de las cifras, sino que sigue ocurriendo, porque la desaparición forzosa en Colombia no es un tema de memoria sino de actualidad".
Asimismo, explicó que apenas se firme la iniciativa por parte del presidente Santos, esta quedará en firme.
Los países que ya han ratificado la Convención son Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Kazajistán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal Uruguay y ahora Colombia.
Ya con 20 países, la Convención entra en vigencia, y es por eso que el paso dado por Colombia es significativo por que no solo lo hace para que se aplique en el país, sino que le da vía libre a la iniciativa para que se ponga en marcha en otras naciones.
Cepeda consideró que hay otros países en Latinoamérica, como Perú, Brasil o Guatemala, que deberían adherirse a la Convención por su pasado de desapariciones forzadas.