{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
La llaman 'la muerte silenciada'. Todos los años, los ahogamientos no intencionados se llevan la vida de más de 500 personas en España; un 83,3% son hombres frente a un 16,7% de mujeres. La cifra de víctimas es aproximadamente la mitad de las que mueren por accidente de tráfico anualmente en nuestro país. En la Unión Europea, mueren ahogados casi 5.000 bañistas al año. A ellos hay que sumar los miles de rescatados que sobreviven pero sufren secuelas.
Los ahogamientos son, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tercera causa de muerte traumática en el mundo. Por eso, en 2014, declaró estos fallecimientos como un problema de salud pública de primer nivel. El pasado 28 de abril, la ONU instó a 190 países a generar legislación y campañas informativas que dieran cobertura a estas muertes.
España, con 8.000 kilómetros de costa y 1,3 millones de piscinas, -además de lagos, embalses y ríos-, ha dado un primer paso. Tímido, pero relevante. No ha sido fácil.
Ese primer peldaño se ha subido de la mano de la plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa', liderada por Sebastián Quintana, quien tras una experiencia traumática cuando tenía ocho años (se ahogó, perdió la consciencia y fue reanimado) decidió que los ahogados no podían ser "muertos de segunda".
No es casual que su iniciativa tomara cuerpo en Canarias, un archipiélago donde las muertes por ahogamiento (56) superaron en 2018 a los fallecidos en carretera (43).
A instancias de 'Canarias, 1500 Km de Costa', el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha conseguido el respaldo unánime del Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a que se aborde la crisis de los ahogamientos como un problema de salud pública, tal y como pedía la ONU.
El texto reclama al Gobierno que potencie el sistema 'Aquaticus', en el cual se notifican todas las incidencias relativas a ahogamientos y otras lesiones que ocurren en medios acuáticos. El objetivo es que "funcione como un observatorio para la obtención de datos procedentes tanto de fuentes estadísticas como de los sectores con competencias en seguridad en este ámbito".
"Es necesario conocer las 6W de los ahogamientos: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, para conocer y minimizar sus causas", dice Quintana.
El texto que ha llegado al Congreso también interpela al Gobierno para que refuerce la coordinación intersectorial y la gobernanza territorial para la implicación de los diferentes sectores y ámbitos institucionales y territoriales, así como que se orienten las actuaciones desde los principios de educación, concienciación, prevención, capacitación, intervención y acción.
Antes de que la iniciativa llegara al Congreso, 'Canarias, 1.500 Km de Costa' había llevado su reivindicación al Parlamento Europeo gracias a la intermediación del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.
En ese escenario se presentó el 'Primer Informe Aproximativo sobre el Fenómeno de los Ahogamientos en la Unión Europea', un exhaustivo informe elaborado por Quintana, tras años recopilando datos en la caótica contabilidad europea sobre ahogamientos.
La plataforma ha constatado que "el desconocimiento sobre la realidad y la dimensión de la siniestralidad acuática, ha sido un denominador común en los diferentes encuentros y reuniones mantenidos con eurodiputados de distintos países que componen la Unión Europea".
En la presentación se incidió en la importancia de "la cultura de la prevención" ante un "analfabetismo en la materia", en palabras de Quintana, que impide visibilizar todas estas muertes. "La información es el mejor socorrista", dice el promotor de la plataforma.
En España, el 42,8% de los ahogamientos se producen en piscinas privadas, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA). Ocho de cada diez fallecidos son varones; la media de edad supera los 75 años.
Los fallecidos por ahogamiento no intencional en España entre 2015 y septiembre de 2021 supera los 2.700.