La Junta de Extremadura reconoce que conocía las incidencias abiertas contra los presuntos asesinos de la educadora social de Badajoz. Esta tarde, Belén, de 35 años, ha sido enterrada en Castuera, donde se ha vivido un minuto de silencio por el crimen ocurrido el pasado domingo.
El abogado de la familia de Belén acusará a los menores de asesinato, por la violencia empleada. Mientras, la investigación intenta aclarar la participación de cada uno de ellos; la chica de 17 años y el menor de 14 años han declarado que huyeron por miedo pero que no la mataron.
La investigación de la Guardia Civil intenta depurar responsabilidades, porque los dos menores de 14 y 15 años fueron llevados de vuelta al piso tutelado tras una fuga de varios días en la que cometieron al menos un robo. "Habrían tenido que informar inmediatamente a Fiscalía, y Fiscalía habría tenido que obrar conforme a ese planteamiento y tomar medidas más severas", explica Raúl Montaño, abogado de la familia de Belén.
Sin medida más severa de la Fiscalía, la incidencia se se sumó a las elevadas antes por Belén: "Incidencias relativas a los tres menores implicados durante su estancia en el recurso. Se han puesto en conocimiento de la Justicia, tal y como indica el protocolo de actuación", ha señalado Sara García Espada, consejera de salud y servicios sociales.
Las posibles actuaciones judiciales sobre ellos no llegaron a tiempo. Tampoco los refuerzos para responder a las demandas de los trabajadores que, ahora ya sí, estudia la Junta. "Una educadora no puede estar sola en un recurso de este tipo con este perfil de menores", destaca la educadora social Pilar Mejorado. "Estamos hablando de piso de medidas judiciales que no tiene personal de seguridad y la exposición es directa", precisa José Manuel López, de servicio público de UGT Extremadura.
Las casas llamadas para la convivencia están gestionadas por empresas privadas. Aunque supervisadas por la Junta, los trabajadores creen que esta precarizado el sistema. "No te suelen cubrir y se busca el secretismo", apunta el educador social Francisco Javier Ruiz. Además, en estos pisos mezclan perfiles como el del chico arrestado de 14 años, ingresado cautelarmente por primera vez, y el de 15 años, con sentencia y reincidente. La Junta revisará el protocolo con los jueces y la Fiscalía.
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