El asesinato de una educadora social en Badajoz ha revivido el desafío que supone educar a los menores con infracciones penales y sin que haya riesgos para quienes cumplen con su educación. "Necesitamos reformular y reflexionar sobre cómo tenemos que abordar adecuadamente el sistema de protección de menores en todo el territorio", explica Ana Vilar, vicepresidenta del Consejo General del Trabajador Social. Informa N. Navarro y A. Seara.
La mayoría de condenados menores, más de 13.000 mil en 2023, estaban acusados de robos, lesiones y hurtos. Además, uno de cada 10 son españoles. Para los delitos más graves el juez impondrá medidas de internamiento cerrado, pero con más frecuencia lo hace con régimen abierto o semiabierto, como el caso del piso tutelado en el que vivían los tres adolescentes detenidos por el asesinato.
"Se les dota de un recurso que garantiza la atención integral", añade José Manuel López, delegado de UGT Extremadura. Para los trabajadores es un clamor tener seguridad en pisos tutelados debido a la sobrecarga y precarización del sistema: "Este sistema no tiene los medios ni los recursos adecuados. No existe una red equilibrada para todo el territorio nacional", comenta la vicepresidenta.
"Son jornadas maratonianas de trabajo, muchas horas sin personal de seguridad", afirma el delegado. La exposición de los trabajadores sociales a situaciones de conflictos con menores dicen los profesionales que lleva siendo una denuncia reiterada durante mucho tiempo. Una queja a la que todavía no parece llegar una situación y que deja casos como el de la educadora asesinada.
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