La justicia italiana ha reclamado a Juana Rivas que Daniel, el menor de los dos hijos fruto de su relación con Francesco Arcuri, regrese con su padre, que tiene la custodia, y ponga así fin a un permiso por el que está de visita en España y que acabó el pasado 2 de enero. Tras recibir la notificación, la representación legal de Juana Rivas se ha personado este martes en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada para solicitar medidas cautelares del hijo menor y evitar que vuelva con su progenitor.
El equipo jurídico de Rivas ha informado en un comunicado de que la Corte de Apelación de Cagliari, el equivalente italiano a una audiencia provincial, les ha notificado este martes la obligación de que el menor, que tiene ahora 10 años, vuelva a casa con su padre antes de este miércoles.
La justicia italiana ha respondido así a la petición de esta vecina de Maracena (Granada), que ha vuelto a denunciar al que fue su marido, el italiano Francesco Arcuri, y que solicitó que el menor de sus hijos se pueda quedar en España por el "riesgo" que supondría volver con su padre, denunciado por maltrato.
La representación legal de Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017 y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España, ha pedido en la Fiscalía Provincial medidas de protección internacional para su hijo menor, a fin de que no vuelva con su padre tras el periodo de vacaciones navideñas en España.
Lo ha hecho después de que el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada se haya inhibido en favor del de Violencia sobre la Mujer número 2, donde hay un procedimiento judicial abierto a raíz de una demanda de violencia de género presentada por la madre de Maracena contra el progenitor, el italiano Francesco Arcuri, al solicitarle medidas cautelares para que el menor no viaje.
En una nota de prensa enviada a los medios pasado el mediodía de este martes, el despacho Aránguez Abogados ha detallado que ha tomado la iniciativa de escribir una carta para dirigirse a la Fiscalía Provincial de Granada después de no haber obtenido en sede judicial las medidas cautelares pedidas para el niño, que "se encuentra en clara situación de riesgo", y para el que piden "protección internacional por amenazas contra su vida, insistiendo especialmente en la necesidad de que sea escuchado".
El Juzgado de Primera Instancia 10 de Granada se ha inhibido a favor del de Violencia sobre la Mujer 2 sin acordar ninguna medida cautelar tras la petición presentada por Juana Rivas, que ha solicitado que el menor de sus hijos no tenga que regresar a Italia con su padre, Francesco Arcuri.
Según han informado fuentes judiciales, la decisión se enmarca en el procedimiento judicial abierto a raíz de una demanda de violencia de género presentada por Rivas y ya que, cuando una causa coincide en dos instancias, la jurisdicción penal tiene preferencia sobre la instrucción.
La juez de violencia de género acordó el pasado 31 de diciembre archivar la demanda presentada por Juana Rivas, aunque el procedimiento sigue su curso dado que la resolución de sobreseimiento fue recurrida por el equipo de Aránguez Abogados.
En los últimos días, Rivas también ha denunciado a Arcuri por enviarle varios mensajes "intimidatorios" y por un "constante acoso telefónico" con más de cuarenta llamadas en una semana que, según su equipo jurídico, constituyen un delito de violencia de género por amenazas leves y acoso telefónico.
Estas denuncias se suman a un nuevo procesamiento a Arcuri en Italia por delitos de maltrato a sus dos hijos que el italiano ha negado.
Juana Rivas fue condenada a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores por desaparecer con sus hijos, en el verano de 2017, para evitar que volvieran con su expareja, al que denunció por maltrato.
El Supremo estimó parcialmente el recurso de esta vecina de Maracena y le rebajó la pena a la mitad al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito.
Rivas recibió un indulto parcial por el que el Supremo conmutó su condena firme por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad y un curso de parentalidad positiva, medida de gracia que no eliminaba sus antecedentes en la justicia italiana.
Esa medida de gracia a Rivas se anularía ante la comisión de un delito como no entregar al menor de los hijos a su padre, que tiene la custodia.
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