La Fiscalía y el abogado de la Generalitat de Catalunya han solicitado que se emita una orden internacional de detención para capturar al acusado de haber violado en dos ocasiones a su hija menor de edad en Esparreguera, Barcelona.

Así lo han solicitado las dos acusaciones este martes frente al tribunal de la Sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde estaba previsto que se celebrara el juicio en el que el Ministerio Público iba a solicitar una pena de 30 años de prisión para el procesado y que ha quedado suspendido al no haber sido localizado.

Al inicio de la vista oral, la magistrada presidenta del tribunal ha informado a las partes de que los agentes de Gestión de Requerimientos Policiales (GRP) de Mossos d'Esquadra fueron a su casa de Esparreguera para entregarle la notificación judicial y no sólo no pudieron localizarlo, sino que se les informó de que hace años que no reside en ese domicilio.

En la misma línea, el abogado de la defensa ha corroborado que no tiene noticias de su cliente desde 2019, cuando fue a su despacho por última vez, y que tampoco ha respondido a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos: "Hicimos el escrito sin poder hablar con el mismo".

Además, ha añadido que la esposa del procesado ha manifestado desconocer su paradero desde hace "5 o 6 años" y que, por rumores, sospecha que puede estar en un país europeo como Suiza o Inglaterra, aunque sin poder concretar cuál.

El abogado de la Generalitat de Catalunya ha añadido que la víctima no tiene "ninguna información de dónde puede estar su padre", pero ha recibido noticias que apuntan a que podría haberse trasladado a un país extranjero y que podría haber fallecido, un hecho que la defensa ha dicho desconocer, aunque ha recordado que su defendido padecía algunos problemas de salud que achacaba al proceso judicial.

Con este escenario, la Fiscalía ha pedido al tribunal que se acuerde su búsqueda internacional, su detención y su ingreso en prisión provisional a efectos de poder celebrar la vista oral, una petición a la que se ha adherido la otra acusación, mientras que la defensa se ha opuesto y ha pedido que sólo se le arreste.

"Hecha la búsqueda por 3 cuerpos policiales sin que haya sido hallado en territorio nacional, nuestra petición va encarada a que se emita una orden de detención internacional", ha incidido el fiscal, a lo que la jueza ha pedido que, en caso de tener conocimiento de que haya fallecido se le comunique a la mayor brevedad pues, en sus palabras, existe la sombra de que pueda haber muerto al no tener noticias de él desde 2019.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado ejercía las funciones de "cabeza de familia de manera autoritaria y exigente hacia sus hijos" menores de edad, que acataban sus normas por temor a las respuestas que el procesado pudiese tener hacia ellos, pues en el domicilio existía un clima de sumisión y terror hacia la figura paterna, según describe textualmente en su escrito de acusación.

En 2011, cuando la hija tenía entre 11 y 12 años, el procesado entró en el baño mientras la niña se estaba duchando y abrió la cortina para recriminarle haber usado el wifi y, cuando salió, la abofeteó, la golpeó con un cinturón y la violó.

La Fiscalía señala que era habitual que el padre "la golpeara con un cable o un cinturón" y que la agredió sexualmente por segunda vez en fecha indeterminada cuando la niña tenía 13 años en el domicilio familiar de Esparreguera aprovechando la ausencia de la madre.

A raíz de estos hechos, en 2014 la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya asumió la tutela de la menor, que ingresó en un centro residencial hasta cumplir la mayoría de edad.

El Ministerio Fiscal lo acusa de dos delitos de agresión sexual a menor de 13 años con penetración, por lo que interesa 15 años de prisión por cada uno de estos delitos, la prohibición de acercarse a su hija a menos de 1.000 metros y que pueda comunicarse con ella por cualquier vía durante 10 años una vez cumplida la pena de privación de libertad.

También pide que, de forma obligatoria, participe en programas de educación sexual y que indemnice a la víctima con 40.000 euros por los daños morales causados.

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