España encabeza la lista de ascensores instalados en relación a su población. Las empresas del sector calculan que hay en servicio más de un millón de estos dispositivos que desde este uno de octubre se enfrentan a la necesidad de superar la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), también conocida como la ITV de los ascensores, puesta en marcha el pasado mes de abril, pero que dio un plazo a los propietarios para su puesta al día. Las asociaciones responsables de esta adecuación alertan del "cuello de botella" ante la avalancha de solicitudes y la obligación de paralizar aquellas que no hayan superado la inspección.

Fue el 2 de abril de este año cuando se publicó el real decreto por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria, norma que supone cambios importantes desde la instalación, pasando por el mantenimiento y las modificaciones importantes de los ascensores con el objetivo de igualar los niveles de seguridad de todo el parque, independientemente de la edad de los elevadores.

Esta norma ya entró en vigor el pasado 1 de julio, si bien uno de los aspectos que regula, la obligación de paralizar los ascensores en aquellos casos en que la inspección periódica obligatoria esté caducada o sin pasar, no resultará de aplicación hasta hoy martes 1 de octubre.

La normativa vigente exige, igual que la anterior, que los ascensores pasen inspecciones periódicas para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad establecidos. El cambio significativo que introduce la norma en vigor es que "el incumplimiento de esta normativa a partir del 1 de octubre hará que queden fuera de servicio hasta que pasen dicha inspección".

La Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), al cierre de 2023 había 1.180.000 ascensores en España, de los que se estima que entre un 35 y un 40 % estarán afectados, en menor o mayor medida por la nueva regulación de seguridad que incluye las siguientes novedades.

La actualización y adecuación de los ascensores a la nueva normativa supondrá un desembolso considerable para las comunidades de vecinos. Según FEEDA, el coste de modificar cada ascensor puede variar dependiendo de las características y el estado del aparato, pero el Gobierno ya hizo pública sus estimaciones al asegurar que las nuevas exigencias incluidas para todo el parque existente en España tendrán “un coste económico de unos 708 millones de euros a abordar en siete años”.

Por otro lado, el sector de mantenimiento de ascensores también se enfrentará a varios desafíos con la implementación de esta normativa. Se estima que las actividades de mantenimiento aumentarán entre un 10 % y un 20 %, lo que implicará una mayor carga de trabajo para las empresas del sector. Además, estas empresas deberán contar con personal cualificado para llevar a cabo las inspecciones y adecuaciones necesarias.

La norma define también las responsabilidades del titular de la instalación y de las empresas de mantenimiento. Las inspecciones podrán ser iniciales, periódicas, tras modificación o tras accidente. Las inspecciones periódicas serán cada dos años para edificios industriales o pública concurrencia, cada cuatro años para edificios residenciales de más de 20 viviendas o más de cuatro plantas; y el resto cada seis años.

En caso de incumplimiento de la ley de ascensores, las sanciones aplicables a la comunidad de vecinos o al propietario dependen de la gravedad de la infracción, pudiendo alcanzar hasta 60.000 euros para infracciones leves, hasta 6.000.000 euros para infracciones graves, y hasta 100.000.000 euros para infracciones muy graves.

A pesar del plazo, las empresas del sector se hallan colapsadas ante la demandas de inspección para evitar quedarse con los ascensores bloqueados. Así lo advertía recientemente la Asociación Gallega de Organismos de Control Autorizados (Asgoca) que advierte de la existencia de un "cuello de botella" a la hora de llevar a cabo las revisiones.

Según esta sectorial, es "imposible" que todos los ascensores pasen la revisión técnica antes de este 1 de octubre y cumplir así con la normativa que les permite seguir operando. Pese a todo, han llamado a la calma y han puesto en valor el nivel de cumplimiento y el mantenimiento de los ascensores, en este caso en Galicia, por lo que han indicado que en las próximas semanas irán pasando las 'ITV' necesarias para cumplir con lo que exige la ley.

Al respecto, subrayan que la gran mayoría de los ascensores gallegos llevan a cabo un mantenimiento mensual continuo, explicando que la inspección técnica se realiza cada dos o cuatro años para certificar que todo está correcto.

Ante el anuncio en abril de la nueva normativa, que sobre todo obliga a muchos elevadores antiguos a adaptarse, han sido miles las solicitudes tanto a las empresas de mantenimiento como a la 'ITV' para poder pasar la revisión y seguir operando.

Esto ha hecho que ambos lados de la ecuación sufran "cuellos de botella". Además, tienen que ponerse de acuerdo porque es necesario que el técnico de la empresa mantenedora esté presente durante el 'examen'.

"Hay comunidades de vecinos que nos llamaron hace una o dos semanas exigiendo pasar la inspección antes del 1 de octubre. No hay hueco. Es imposible que lleguen todos. Pero hay que destacar el grado de cumplimiento, porque la grandísima mayoría quiere cumplir", han añadido desde Asgoca, insistiendo en que ya hay agendadas muchas citas.

Pese a no querer dar cifras de cuántos ascensores podrían quedar parados, sí han aseverado que la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA) calcula que en Galicia, unos mil están todavía sin 'ITV', lo que supone poco más de 1,5 % del total de ascensores que existen en la Comunidad. Además, muchos de estos podrán pasarla en los próximos días.

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