Hace casi una semana, Juan Francisco, un joven de 20 años, acabó presuntamente con la vida del pequeño Mateo en el campo de fútbol del polideportivo 'Ángel Caído' de la localidad toledana de Mocejón. El asesino confeso se encuentra desde el viernes en el módulo de enfermería de la prisión de Ocaña I, a la espera de que el informe sobre su estado mental determine si es imputable o no. Un equipo de profesionales va a estudiar su historial médico para evaluar hasta qué punto era consciente de sus actos cuando acabó con la vida del menor. 

La jueza, que decretó para él prisión provisional comunicada y sin fianza, imputado provisionalmente como presunto autor de un delito de asesinato, solicitó específicamente a Instituciones Penitenciarias el traslado del investigado “a un centro, unidad o departamento adecuado a la situación de discapacidad del mismo”, ya que el joven, según su padre tiene una discapacidad intelectual de entre el 60 y el 75% por un trastorno mental.

Sin embargo, se encuentra en el módulo de enfermería de la cárcel de Ocaña bajo custodia de los médicos y alejado del resto de presos. Esta prisión no tiene un módulo especializado para personas con discapacidad, pero la falta de plazas o la cercanía con Mocejón hace que este lugar sea, de momento, la mejor opción para él.

Previo a la toma de declaración, el juez instructor solicitó informe al médico forense, cuyo resultado determinó la necesidad de realizar el interrogatorio al investigado con adaptaciones a su situación de discapacidad, tal y como recoge el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Al margen de este informe forense inicial, el juez instructor también acordó pedir dictamen forense sobre la imputabilidad del investigado, que deberá realizarse, en todo caso, durante la instrucción del procedimiento judicial, lo que afecta directamente a cuál será su posible condena.

Según el artículo 20 del Código Penal, podría ser declarado inimputable si se certifica que padece “cualquier anomalía o alteración psíquica” que le impidiese “comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. Sin embargo, si se determina que tuvo capacidad de planificar y ejecutar el asesinato con consciencia de sus actos, pese a que pudiera encontrar atenuantes por su condición mental, podría enfrentarse a una condena penal.

Mientras tanto, las autoridades siguen reconstruyendo sus pasos: analizan su móvil, su ordenador, sus contactos, las cámaras de seguridad y, en última instancia, el cuchillo encontrado que se cree que puede ser el arma del crimen y su ropa, que pese a que la echó a lavar en casa de su abuela y no presentaba restos de sangre visibles, fue marcada por un perro del servicio cinológico de la Guardia Civil por posibles restos biológicos humanos, como hiciese con el cuchillo.

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