Cisma de Belorado en tres meses: exmonjas mediáticas, falsos obispos y trama inmobiliaria

Tres meses después del cisma de Belorado, las dudas sobre lo que ocurrirá con las exclarisas tras su excomunión siguen en el aire. ¿Tendrán que abandonar el convento? ¿Cómo está la situación judicial? ¿Hay alternativa a un desahucio? Estas son algunas de las preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta.

Las diez exmonjas continúan en el Monasterio de Santa Clara de Belorado junto con las cinco religiosas no excomulgadas y niegan que sean okupas ya que, según aseguran, la propiedad de los inmuebles -también los de Derio y Orduña- es de la sociedad civil que han creado para sustituir a la religiosa.

Sin embargo, el Arzobispado de Burgos mantiene que la propiedad recae en la comunidad religiosa que ahora conforman las cinco monjas no excomulgadas junto con otras tres que, si bien no están en el convento, siguen siendo parte del monasterio, por lo que serán los jueces quienes resuelvan la controversia.

Y en manos de ellos quedará también un posible desahucio. De momento, el Arzobispado no ha iniciado ningún procedimiento judicial -y agosto es un mes inhábil- aunque sí ha solicitado un informe para valorar la vulnerabilidad de las monjas ya que afirman estar trabajando en “todos los escenarios posibles”.

Mientras tanto, las exclarisas han estrenado un nuevo asistente espiritual: el falso obispo Rodrigo Henrique Riberio da Silva, sedevacantista brasileño que lidera la Sociedad de San José, quien según anunció su portavoz en el canal de YouTube ‘Contróversia Católica’ ha viajado a Belorado.

El pasado 13 de mayo las exmonjas daban a conocer un ‘Manifiesto Católico’ firmado por la abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado en el que anunciaba que su comunidad religiosa abandonaba la Iglesia católica.

Las hasta entonces monjas clarisas de clausura anunciaban que rechazaban el Concilio Vaticano II e insistían en que, a partir de Pío XII, todos los papas son herejes, incluido el papa Francisco.

Para consumar su salida se ponían bajo la jurisdicción de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, liderada por Pablo de Rojas, falso obispo excomulgado en 2019 que se instalaba en el convento junto con su acólito José Ceacero, excoctelero, guía espiritual de las religiosas y autoerigido portavoz.

Las claves de la ruptura de las monjas de Belorado con la Iglesia las daba el arzobispo de Burgos en rueda de prensa: por un lado, una operación inmobiliaria frenada por la Santa Sede ya que las monjas querían vender el convento de Derio y comprar el de Orduña; y, por otro, la finalización del mandato de la abadesa, sor Isabel, el 29 de mayo.

El Convento de Santa Clara se convirtió en plató de televisión con los medios apostados a sus puertas y con José Ceacero intentando explicar las razones de las religiosas fruto de profundas reflexiones y de ámbito únicamente teológico.

Las clarisas han negado siempre la existencia de una trama inmobiliaria.

Sin embargo, las hermanas de Vitoria sitúan el origen del conflicto en la falta de dinero y, en concreto, en dos decisiones de la Santa Sede: su negativa a la venta del monasterio de Derio a bajo precio, y conseguir así el dinero para comprar el de Orduña; y el rechazo a que un benefactor, buscado por la Pía Unión, mediara en la compra del cenobio.

Mientras se dirimían las razones del cisma -con aparición incluida de las religiosas en programas de televisión-, una de las hermanas abandonaba el convento: sor Amparo se marchó un día después de hacerse público el manifiesto católico, habló de secta y dejó al convento con quince religiosas, algunas muy mayores.

El 29 de mayo, Iceta anuncia su nombramiento como comisario pontificio de los conventos de Belorado, Orduña y Derio, con plenos poderes religiosos, administrativos y de matrimonio. Dos días después remite burofax pidiendo a Pablo de Rojas y José Ceacero que abandonen Belorado.

El 30 de mayo, sor Isabel denuncia a Iceta por abuso de poder, usurpación de la representación legal y vulneración del derecho de asociación. El cisma religioso acaba en los tribunales.

Durante estos tres meses, la Guardia Civil ha pasado varias veces por el Convento de Santa Clara debido al "acoso mediático" que denuncian padecer las monjas y por un registro en busca de un arma de fuego en el que los agentes encontraron una vieja carabina de aire comprimido oxidada.

Las clarisas también llamaron a los agentes cuando el 6 de mayo se presentó una delegación del comisario pontificio para entregarles, a diez de ellas, el requerimiento para que se personaran ante el tribunal eclesiástico.

El 21 de junio, fecha tope de comparecencia, las diez religiosas remitieron un burofax en el que confirmaban su decisión de abandonar la Iglesia. Un día después, fueron excomulgadas por un delito de cisma y expulsadas de la vida consagrada, con obligación de abandonar el convento.

Las religiosas se niegan a dejar el cenobio, pero a finales de junio expulsan a De Rojas y Ceacero y afirman que “caminan solas”.

Un mes más tarde han explicado que De Rojas nunca fue su autoridad y que nunca tuvieron intención de que ninguno de los dos residiera con ellas en el monasterio.

En un cruce constante de acusaciones han salido a la luz los problemas económicos de las religiosas, que tenían 900.000 euros en hipotecas y préstamos, facturas impagadas por más de 35.000 y debían varias mensualidades a sus once trabajadores.

Entre las facturas pendientes, una de 6.800 euros por juegos de sábanas de seda, cubrepiés y edredones de alta gama, que las ya exreligiosas han negado, como también que no estuviesen al corriente de los pagos.

Además, la exabadesa ha denunciado en sus redes sociales está "llevando a la ruina" a los conventos y pronostica que "para septiembre estarán arruinados, si no embargados o vendidos a los bancos".

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