Estudian la entrega de una mujer española a República Dominicana por trasladar ilegalmente niños
Las autoridades dominicanas la reclaman por sustracción de menores, a los que supuestamente trasladaba de forma ilegal a España tras ser apartados de sus familias
Estaba a la cabeza de toda la operación para que los menores fueran llevados a España con pasaportes dominicanos obtenidos a base de documentos y testimonios falsos
C.H.M, es de nacionalidad española, pero la Fiscalía considera que se dan los requisitos previstos para acceder a la extradición de nacionales
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra este martes una vista de extradición para decidir si entrega a la República Dominicana a una mujer española reclamada por sustracción de menores, a los que supuestamente trasladaba de forma ilegal a España tras ser apartados de sus familias.
La vista estaba prevista para la semana pasada, pero finalmente se tuvo que posponer por la imposibilidad de uno de los abogados de asistir.
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Pese a que la reclamada, C.H.M, es de nacionalidad española, la Fiscalía apoya la entrega al considerar que se dan los requisitos previstos para acceder a la extradición de nacionales.
Estructura criminal trasnacional
Según la reclamación de las autoridades dominicanas, que recoge el fiscal en su informe, al que ha tenido acceso EFE, esta mujer se dedicaba al tráfico ilegal de niños, niñas y adolescentes por medio de una estructura criminal transnacional.
La reclamada era al parecer una de las personas que estaba a la cabeza de toda la operación para que los menores fueran llevados a España con pasaportes dominicanos obtenidos a base de documentos y testimonios falsos.
Para lograr su propósito, la estructura criminal, expone la Fiscalía, "simulaba que los niños habían sido maltratados en la República Dominicana y solicitaban asilo de protección en España a favor de ellos; luego completaban el protocolo necesario para que C.H.M. les diera acogida en España, apartándolos de su familia biológica".
Respecto a la nacionalidad española de la reclamada, el Ministerio Público explica que para acceder a la entrega se tienen en cuenta una serie de requisitos.
Estos son: que la pena máxima sea de veinte años de prisión, lo avanzada que esté la causa (la Justicia dominicana ya ha abierto juicio oral), que las pruebas radiquen en el país reclamante, y la necesidad de no romper la continencia de la causa, toda vez que en esta caso la acusación se dirige contra cinco personas en total que actuaron de forma concertada en el seno de una organización criminal.
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