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Un jurado ha declarado a Pablo Antonio S.H., apodado El Chiqui, culpable de un delito de asesinato cometido contra un vecino, Dionisio A.P., y de otro de homicidio doloso llevado a cabo contra el que fuera jefe de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) el 1 de julio de 2022, en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
El jurado ha desechado un delito de asesinato en grado de tentativa cometido contra un hijo de Dionisio A.P., aunque sí lo ha considerado tentativa de homicidio, y también ha rechazado que el encausado secuestrara al novio de su hijastra, quien permaneció con el procesado voluntariamente en la vivienda en la que se atrincheró El Chiqui.
El procesado carecía de licencia de armas de fuego, pese a lo cual poseía un fusil Mauser con el número de serie parcialmente borrado, lo que supone un delito de tenencia ilícita de armas.
Según las acusaciones de la fiscal, el procesado, tras una discusión la tarde previa, disparó esa madrugada con el rifle marca Mauser a su vecino Dionisio A., de 45 años, que resulto fallecido.
La Fiscalía sostenía además que intentó matar a un hijo de este hombre, que mantuvo como rehén durante horas al novio de su hijastra y que asesinó con el mismo fusil al que fuera teniente coronel de la UEI en el momento de los hechos, Pedro Alfonso Casado, de 50 años, que mandaba la fuerza enviada desde Madrid para resolver el atrincheramiento y al que disparó a través de la puerta de la vivienda en la que estaba encerrado.
El jurado popular formado por seis mujeres y tres hombres ha declarado al acusado culpable del asesinato de su vecino, del homicidio del guardia civil y de la tentativa de homicidio del hijo del primero, pero no del secuestro del novio de su hijastra.
Además han apreciado una circunstancia atenuante de arrebato u obcecación, como había solicitado la defensa del procesado.
Tras conocer el veredicto, el Ministerio Público ha reclamado quince años de prisión por el asesinato del vecino del acusado, cinco años de prisión por tentativa de homicidio, veintidós años de cárcel y libertad vigilada por homicidio doloso del teniente coronel, además de dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.
La defensa ha pedido la aplicación de las penas mínimas establecidas para cada uno de los delitos que el jurado ha considerado probados con la atenuante establecida.
El jurado se ha mostrado contrario a la posibilidad de suspensión de la pena y de la opción de solicitar el indulto para el procesado.
Ahora será el magistrado presidente el encargado de dictar sentencia tras un juicio que se ha desarrollado desde el pasado 31 de mayo en la Audiencia Provincial de Valladolid y en el que han estado personadas cuatro acusaciones particulares, una popular y la defensa, además de la Fiscalía.
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