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Los médicos del hospital Río Hortega de Valladolid rechazaron operar a una paciente con cáncer de ovario al considerar que el tumor estaba muy avanzado. La mujer de 52 años se fue a un hospital privado, donde corrió con todos los gastos, pero salvó su vida. Ahora la Junta de Castilla y León tendrá que reembolsarle 50.366 euros a la paciente, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad.
La mujer vallisoletana había denunciado al Hospital público Río Hortega de Valladolid que descartó el tratamiento al analizar la biopsia al considerar que estaba en un estado avanzado e inoperable, después de realizar un tratamiento de quimioterapia que no dio resultado.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº3 de Valladolid, en la que condena a la Consejería de Sanidad a reintegrar a la paciente los gastos derivados de su intervención en la Clínica Universidad de Navarra.
La pesadilla de esta paciente comenzó en 2020 cuando su salud fue empeorando de forma rápida a causa del tumor de ovario que le fue prescrito. El hospital público la derivó al servicio de cuidados paliativos, pero ella recurrió a la Clínica Universidad de Navarra para tener una segunda opinión médica.
Allí le ofrecieron realizarle una intervención quirúrgica inmediata, al entender que la quimioterapia recibida en el hospital vallisoletano no era efectiva en este caso.
La paciente con esta recomendación de una operación sin demora que podía salvarle la vida volvió al Hospital Río Hortega de Valladolid, pero el servicio de Oncología le reiteró que su caso ya estaba en manos de cuidados paliativos y así continuaría hasta el final, según ha explicado la asociación del Defensor del Paciente en un comunicado.
Ante esta negativa, la mujer decidió operarse en la Clínica Universidad de Navarra en julio de 2020 y posteriormente realizar un tratamiento de quimioterapia, tras lo que quedó libre de la enfermedad.
La Consejería de Sanidad, que recurrió la sentencia de primera instancia, alegaba que la paciente había hecho un uso "caprichoso de los medios de la sanidad privada, buscando ahora que se le devolviera lo gastado de una manera injusta", según las explicaciones dadas por la asociación demandante.
La sentencia respalda el proceder de la paciente y su familia al tratarse de una "urgencia vital" y quedar demostrado que su situación no era inoperable.
La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha criticado que con este diagnóstico y trato por parte de la sanidad pública, Sacyl "firmó una sentencia de muerte, a pesar de que existía tratamiento para erradicar el cáncer de la paciente".
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