La terraza del restaurante-bar Medusa Beach Club de la Playa de Palma que se hundió el pasado jueves 23 de mayo, causando cuatro muertos y 14 heridos, no tenía licencia de actividad municipal para poder acoger clientes, por lo que el uso de esa zona del edificio derrumbado era ilegal. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, explicaba este martes en rueda de prensa que tanto el sótano del inmueble, donde se ubicaba un bar musical, como la planta baja, con uso de restaurante, sí disponían de las preceptivas licencias, pero no la terraza.

El local se remodeló de manera ilegal en el año 2013, pero no se reformó la terraza. Lo único que se hizo entonces fue echar sobre la misma una "capa de mortero de nivelación" de unos cinco centímetros, que actuó de "sobrecarga" en el accidente del pasado jueves junto al grupo de neerlandeses.

Sin embargo, 'Diario de Ibiza' ha informado que casi toda la terraza del Medusa Beach Club "fue derruida y reconstruida de manera ilegal en el año 2013".

Según apuntan desde el medio pituso, el Ayuntamiento detectó que se habían llevado a cabo tanto "demoliciones parciales de la cubierta como la construcción de forjados, una escalera de acceso, dos muros de obra de nueva ejecución y la instalación de un quiosco de madera".

En el expediente abierto por infracciones urbanísticas al que ha tenido acceso 'Diario de Ibiza', "no se localiza licencia para estas obras".

Además, se ha podido conocer que por dichas irregularidades fueron sancionados en 2020 "la dueña del edificio, el propietario del negocio abierto entonces allí -Restaurante Tex Mex-y la constructora que ejecutó las obras con sendas multas de 4.500 euros", recoge el medio de comunicación.

Por otro lado, el jefe de Bomberos reseñaba el pasado martes ante los medios de comunicación que "arriba (en la terraza) no debería haber habido ninguna actividad". En 2013, los inspectores del Ayuntamiento abrieron varios expedientes sancionadores al local, pero se referían a unos "forjados diferentes" al que colapsó el pasado jueves. El año pasado, en 2023, el local no aprobó la Inspección Técnica de Edificios (ITE), por lo que la propiedad debería haber llevado las mejoras planteadas por los técnicos municipales.

Martínez señalaba que la conclusión preliminar de los Bomberos de Palma, recogida en un informe remitido a la Policía Nacional, es que la terraza ilegal se derrumbó por la "combinación" del sobrepeso derivado de obras realizadas de forma irregular en ese espacio y la sobrecarga de 21 clientes que se encontraban sobre esa primera planta cuando se vino abajo.

El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, explicaba que en la terraza normalmente las mesas estaban repartidas de manera homogénea, pero precisamente ese día se juntaron varias porque había un grupo de 12 neerlandeses, a lo que hay que sumar dos camareros que les atendían. "Suponemos que se provocó un punzonamiento del forjado", añadía.

El Ayuntamiento de Palma envió también sus informes a la Fiscalía y el alcalde anunciaba que el consistorio se personará en la causa si se abre un procedimiento judicial contra los posibles responsables de la tragedia.

El alcalde dejaba claro que el consistorio y sus funcionarios cumplen con sus "obligaciones" y que "las leyes están para cumplirse". "No se pueden hacer obras ilegales, y no se pueden hacer actividades prohibidas en locales públicos que no cuentan con licencia de actividad", como es este caso, reseñaba.

También dejaba claro que el consistorio no tiene capacidad para "poner un funcionario detrás" de cada uno de los establecimientos que hay en la ciudad.

El alcalde anunciaba que este verano, en colaboración con otras administraciones, se llevarán a cabo inspecciones específicas en zonas turísticas maduras como la Playa de Palma, Can Pastilla o Cala Major.

El derrumbe de la terraza causó cuatro muertos y 14 heridos con edades comprendidas entre los 24 y los 34 años. Diez de los heridos son neerlandeses, tres son alemanes y uno español. Todos salvo uno han sido dados de alta.

Entre los fallecidos hay una chica española de origen senegalés de 23 años, dos turistas alemanas de 20 y 44 años y otro senegalés de 44 años. El Ayuntamiento se hará cargo del traslado de las dos personas de origen senegalés para que sean enterradas en el país africano. 

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