El Gobierno se enfrenta al reto de regular los bulos y la desinformación en las redes sociales sin vulnerar otros derechos

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha expresado su intención de liderar una cruzada contra los bulos. Señala a publicaciones que trabajan en Internet y a los periodistas de esas publicaciones que luego asisten a las tertulias de televisión

A pesar de su insistencia, el presidente , no ha concretado cómo hacerlo. Los expertos recuerdan que nuestra legislación ya contempla mecanismos para quienes se sientan indefensos y puedan recurrir a la justicia.

"No se puede confundir la libertad de expresión con la libertad de difamar"

Informativos Telecinco ha hablado con Abraham Barrero, catedrático de Derecho Constitucional quien recuerda que insultar y denigrar no sale gratis en España. Según Pedro Sánchez, "lo que no puede ser es que se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación", pero nuestra legislación sí contempla límites a la libertad de expresión. Uno de ellos es precisamente la difamación que puede tener incluso consecuencias penales, como explica este experto, "la información no puede ser insultante, no puede ser denigrante y en ese caso sí que se puede sancionar esa información incluso penalmente"

Hay otros países que sí han legislado para regulaer esta creciente desinformación en los medios. En Francia, por ejemplo, hay un organismo que se encarga de dar la categoría de medio de comunicación y solo los acreditados pueden entrar en las instituciones.

Por el momento, Pedro Sánchez no especifica cómo llevar a cabo esta regulación y admite que no es nada fácil lograrlo. El gobierno ya recibió críticas en noviembre de 2020 cuando crearon un plan de actuación contra la desinformación. El organismo que lo desarrolló fue el Consejo de Seguridad Nacional, porque es una materia en la que todos, instituciones europeas y mundiales, coinciden. La desinformación es un tema de seguridad nacional. En lo que hay que tener cuidado es en que no se sobrepasen ciertos límites. Ese es el gran reto. Regulación sí, pero sin vulnerar otros derechos.

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