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El pleno del Parlamento Europeo daba recientemente luz verde a la ley que exigirá evidencias de reclamos 'verdes' y que prohibirá el 'ecopostureo' para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa.
A grandes rasgos, la norma, que tendrá que volver al Consejo para su aprobación final, prohibirá declaraciones ambientales genéricas como 'respetuoso con el medio ambiente', 'natural', 'biodegradable', 'climáticamente neutral' o 'eco', sin pruebas de un excelente desempeño ambiental reconocido relevante para la declaración, así como etiquetas de sostenibilidad que no se basen en sistemas de certificación aprobados ni establecidos por autoridades públicas.
Por su parte, el Gobierno de España ya se encuentra preparando una Ley de Consumo Sostenible que persigue los mismos fraudes con los que quiere acabar la Unión Europea.
Los conocidos como 'greenwashing' o 'ecopostureo' se considerarán practicas desleales. Por ello, todos aquellos productos que tengan etiquetas falsas o fraudulentas que aseguran que son sostenibles o respetuosos con el medioambiente y, en realidad no lo sean, podrán ser sancionados con hasta 100.000 euros de multa.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consultadas por 'El País', apuntan a que la normativa todavía no tiene fecha, pero que, también, "incluirá un índice de reparabilidad para que los consumidores conozcan la duración de los productos y sepan evaluar aquellos que se pueden reparar con más facilidad".
La directiva fue adoptada el pasado 17 de enero por 593 votos a favor, 21 en contra y 14 abstenciones y pretende proteger a los consumidores de prácticas de venta engañosas y ayudarles a tomar mejores decisiones de compra, en base al acuerdo alcanzado con el Consejo en septiembre de 2023, que también deberá dar su aprobación final para que el texto se publique en el Diario Oficial de la UE.
Para lograrlo, se agregarán a la lista de prácticas comerciales prohibidas de la UE una serie de hábitos de marketing problemáticos relacionados con el 'ecopostureo', los reclamos 'verdes' engañosos y la obsolescencia temprana de los productos.
Además, si los productos u organizaciones se comparan con otros, estas comparaciones deben ser justas y basarse en información y datos equivalentes y se exigirá que los sistemas de etiquetado medioambiental sean sólidos, fiables, transparentes y estén verificados.
El uso fraudulento de etiquetaje está, a día de hoy, entre las prácticas fraudulentas más extendidas. Por eso, la ley establece también una nueva etiqueta armonizada para destacar productos con garantía ampliada a fin de hacer más visible está información, ya que muchas personas no saben que todos los productos disfrutan de al menos dos años de garantía en la UE.
Las nuevas normas también prohibirán las afirmaciones infundadas sobre durabilidad como que una lavadora durará "5.000 ciclos de lavado" si esto no es cierto en condiciones normales, así como las incitaciones a reemplazar los consumibles antes de los estrictamente necesario y presentar bienes como reparables cuando no lo son.
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