Condenan a un guardia civil que se gastó 9.000€ de una operación antidroga jugando a la ruleta en un salón de Alicante

Un guardia civil de Alicante, ha sido condenado por gastarse jugando a la ruleta los 9.000 euros que se incautó durante una operación antidroga. El agente, que sufre ludopatía, ha evitado los cinco meses de prisión y 10 meses de inhabilitación al devolver la cantidad usada de forma indebida.

Según recoge la sentencia de la Audiencia de Alicante, el condenado sufre una alteración del control de los impulsos por ludopatía que afectaba "parcialmente" en el momento de los hechos a su imputabilidad.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2020 durante una operación antidroga dirigida por un Juzgado de Instrucción de Alicante, que motivó que el agente condenado y un compañero suyo de la Guardia Civil se desplazaran hasta la ciudad de Molina de Segura (Murcia) para inspeccionar un camión con matrícula portuguesa, sospechoso de transportar droga.

Durante el registro, los agentes se incautaron de 12 bolsas que contenían marihuana y 9.000 euros en billetes de 20 y de 50. El condenado se quedó en custodia esos efectos intervenidos hasta el momento en que tuviera que ponerlos a disposición del juzgado que investigaba los hechos.

Sin embargo, según recoge la sentencia, sobre las 2.00 horas del día 5 de agosto y hasta las 12.00 del mismo día, el guardia civil se gastó la totalidad del dinero en apuestas a la ruleta de un salón de juegos de Alicante.

La sentencia ha sido dictada después de que las partes alcanzaran un acuerdo en el que el guardia civil acusado se declaró culpable de un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y aceptó la pena solicitada por el ministerio fiscal, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

La Fiscalía pedía inicialmente una pena de un año y 11 meses de prisión y cinco años de inhabilitación para empleo público.

Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto agente una inhabilitación especial de 10 meses para empleo o cargo público y la obligación de indemnizar con los 9.000 euros defraudados a la Dirección General de la Guardia Civil. Este importe ya había sido consignado en una cuenta bancaria judicial.

La resolución judicial también declara probado que el condenado padece una alteración del control de los impulsos por ludopatía que afectaba "parcialmente" en el momento de los hechos a su imputabilidad.

La sentencia, que también establece la suspensión de la pena privativa de libertad por tiempo de dos años, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.