Los obispos españoles han mostrado "sorpresa" este domingo por las "nuevas conclusiones" que aparecen en la última versión del informe sobre abusos sexuales a menores ocurridos en el seno de la Iglesia católica, encargado hace un año y medio por los propios prelados al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, según han informado a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Cremades entregó el pasado viernes a los obispos una versión casi definitiva del documento y el trabajo completo lo presentará el próximo 14 de diciembre, según ha adelantado el diario El País, y han confirmado a Europa Press fuentes del bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

Según informa este domingo El País, un miembro del equipo y socio del bufete, Alfredo Dagnino, envió en verano a los obispos un supuesto borrador del informe final que minimizaba el número de casos, sin consultar con el resto del equipo, lo que provocó su despido el mes pasado. Además, según afirma el mismo diario, las conclusiones que se han ido imponiendo son admitir miles de casos e indemnizar a todas las víctimas.

Por su parte, fuentes de la CEE han asegurado a Europa Press que "todas las reuniones" se han tenido con el equipo ejecutivo del trabajo de auditoría del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, y que "toda" la información recibida fue enviada a la Conferencia Episcopal "por Javier Cremades o con el conocimiento expreso de Javier Cremades". "Fue el presidente del despacho el que siempre presentó el trabajo como fruto del esfuerzo del equipo del despacho y así lo ha facturado durante todos los meses. Ese equipo fue creado por el presidente de Cremades Calvo Sotelo entre los miembros de su despacho que le merecieron confianza", precisan.

No obstante, las mismas fuentes aseguran que les "sorprende" el hecho de que "cuando el equipo ejecutivo presentó el último borrador del informe, prácticamente terminado, a principios de octubre, se produjo un cambio de actitud en el despacho, rechazando el trabajo que se había cobrado y hecho propio durante más de un año". De hecho, afirman que "en la versión actual del trabajo, la base coincide al 100% con las entregadas originalmente" y "lo único que varían son las conclusiones".

La auditoría encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo debería haber estado lista para el pasado mes de marzo, cuando se cumplía un año del inicio de los trabajos; después se pospuso la entrega a junio y aún no se ha presentado. Ante este incumplimiento de los plazos, el pasado mes de octubre, la Conferencia Episcopal Española envió una carta al bufete dándole un plazo de 10 días para entregar el informe y advirtiendo de que, si no se cumplía dicho plazo, entenderían que se habían incumplido las condiciones del contrato.

En medio de estas discrepancias, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el pasado 27 de octubre su informe sobre el mismo asunto, que también llevaba realizando durante un año y medio, por encargo del Parlamento. Ante este documento, los obispos decidieron convocar una asamblea plenaria extraordinaria en la que analizaron los resultados de dicho documento. Además, durante la reunión, decidieron aplazar a la su decisión sobre la auditoría encargada al despacho de Cremades a la asamblea plenaria de noviembre, que arranca este lunes en Madrid y que se prolongará durante toda la semana.

Por su parte, fuentes del despacho de Cremades & Calvo-Sotelo han confirmado a Europa Press que el pasado viernes entregaron una versión casi definitiva del informe, "a falta de alguna consideración de despachos internacionales" y de "algunos anexos" a la CEE y que el trabajo completo, lo presentarán el próximo 14 de diciembre, que es el oficial y definitivo. "Nosotros lo que tenemos que decir está escrito en el informe, en el entregado el viernes por la noche y más cosas en el definitivo del 14 de diciembre", han subrayado las mismas fuentes, que aseguran que el documento "pone el acento en la reparación", con "un gran capítulo", y en "la prevención" pero no hace extrapolación de casos.

Si los obispos dan su visto bueno a este nuevo plazo, una vez reciban el documento, este tendrá que ser estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEE y presentado al resto de obispos y a la sociedad, tal y como avanzó el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán.