La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación ante las denuncias interpuestas por las asociaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar por el asfaltado de la vía pecuaria Colada de Vera en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), la cual conduce al hotel de Azata del Sol.

Desde las distintas entidades conservacionistas se ha solicitado al Ministerio Público que investigue las actuaciones seguidas por el Ayuntamiento de Carboneras ante la posible comisión de los delitos de falsedad documental, contra los recursos naturales, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación no solo a la actuación sino a su financiación ante la posibilidad de haber empleado fondos europeos para ello.

Según ha indicado Greenpeace en una nota, la zona asfaltada está dentro de la servidumbre de protección que delimita la Ley de Costas y del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por lo que "puede ser constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325 y siguientes del Código Penal", según han señalado.

La asociación ha incidido en que el asfaltado se habría hecho "con fondos europeos" por lo que ha pedido a la Fiscalía que investigue si el Consistorio habría aportado "documentación falsa" para obtener subvenciones de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En este sentido, desde la entidad apuntan a que el Ayuntamiento podría haber esgrimido que las obras "iban a consistir en la conservación del Camino de Santiago y una vía pecuaria, según reza el cartel anunciador" que se vislumbra al inicio de la vía "cuando realmente han supuesto la completa desaparición de ambos, sin señalización alguna de que por allí pasaba la Colada de Vera y el Camino de Santiago".

También han solicitado que se investigue si se ha incurrido en un presunto delito de prevaricación pues la resolución de "asfaltar con dinero público esta zona protegida" se habría adoptado "por motivos ajenos a la realidad de los hechos y con fondos cuya finalidad es la contraria".

Greenpeace ha añadido en su denuncia que la utilización de fondos de la Unión Europea y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para "beneficiar a un particular mejorando los accesos a una obra ilegal pendiente de ser demolida" puede ser constitutiva de un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 y siguientes del Código Penal.

"Todo parece indicar que el Ayuntamiento de Carboneras no acata las sentencias judiciales que llevan a la ineludible demolición del hotel ilegal más tristemente famoso de toda la costa española. Todo lo contrario, parece que sigue tratando de legalizarlo. Ahora nos sorprende con el asfaltado de los accesos al inmueble. Esperamos que la Fiscalía de Medio Ambiente no permita este atropello", ha declarado la responsable de campañas Greenpeace, María José Caballero.

Por su parte, la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción y Amigos de Parque apunta que las obras que servirían para "mejorar los accesos al hotel" se habrían llevado a cabo por parte del Consistorio "utilizando la disculpa de que los bañistas habían solicitado su asfaltado".

En este sentido, las entidades aportan un vídeo difundido por el propio Ayuntamiento de Carboneras el 19 de julio del pasado año en el que se puede observar que "en la playa de más de un kilómetro de larga hay poco más de una docena de coches incluidos los de los residentes en las viviendas anejas al hotel".

Asimismo, se incluyen una publicación del propio Consistorio en la que señala que las obras "las ha hecho la Diputación Provincial por iniciativa municipal a petición de los usuarios de esta playa desértica", de modo que también dirigen su denuncia contra la institución provincial. En la mencionada publicación el Ayuntamiento anunció que había completado el asfaltado de la carretera de la playa de El Algarrobico a través de una actuación que abarcaba desde La Galera hasta la Rambla del Río Alías con una inversión de casi 30.000 euros.

Las asociaciones ecologistas afirman en su denuncia que para financiar las obras el Ayuntamiento de Carboneras habría recurrido "a los fondos europeos y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación" mediante el "engaño" de que la obras iban a ser utilizadas para "conservar y señalizar la vía pecuaria y el Camino de Santiago que trascurren por delante del hotel".

"El denunciado ha asfaltado a sabiendas una vía pecuaria y el Camino de Santiago", han aseverado al considerar que la zona asfaltada "está dentro de la servidumbre de protección de costas y del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar", lo que "puede ser constitutivo de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente".

Del mismo modo, inciden en el posible uso de fondos europeos para efectuar estos trabajos que, en la práctica, suponen la "completa desaparición" de la vía pecuaria y el Camino de Santiago, "ambos sin señalización alguna" de su presencia, por lo que también solicitan que se investiguen los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, al entender además que con ello se habrían mejorado los accesos al hotel.