La familia de Déborah Fernández se opone a la prórroga de la instrucción: “Nos damos por vencidos”

La familia de Déborah Fernández, joven de 22 años hallada muerta en 2002 en un caso lleno de incógnitas, en una rueda de prensa en la que han convocado a todos los medios, ha anunciado que, ante la “indefensión” por parte de una “Justicia que no nos ampara”, se opone a la prórroga de la instrucción y pide que, si se entiende que no hay elementos para abrir el procedimiento de jurado, que se proceda al sobreseimiento provisional de la causa.

“Gracias por habernos acompañado durante 20 años. Habéis sido nuestra única compañía”, ha dicho la madre de Déborah, Rosa Neira, ante los medios congregados en el lugar, donde, dolida y emocionada, ha expresado que la decisión se produce para no permitir “que se mate también su dignidad”. “Hasta aquí la vergüenza ajena”, ha subrayado, lamentando los cauces que ha seguido la investigación, la inoperancia de la misma y la falta de apoyos para castigar al asesino, descartando tajantemente la versión que apunta a que sufrió una muerte súbita.

“El fin de la vergüenza. En más de dos décadas nunca hemos sentido protección de la Justicia. Hemos sentido su peso, pero no su protección. No nos sentimos amparados, ni cuando nuestra hija desapareció, ni cuando el cadáver apareció en una puesta en escena macabra. Más de dos décadas, ningún gesto, ninguna muestra de apoyo. La Justicia no ciega, sino cegada. Tan solo la sensación de ser un recuerdo molesto, una página atravesada que no acaba de ser escrita. El error de morir de una manera inadecuada, hacer ruido con la memoria, mostrando los errores de la investigación y del proceso, todo tan incómodo. Y ahora la vergüenza de la muerte súbita, en la que convenientemente coinciden el Fiscal y la defensa”, denuncia.

“El sinsentido de exigir responsabilidades a Déborah por morir, por ser asesinada de una manera tan poco elocuente, sofocada, asfixiada, privada de aire hasta matarla, y su voz sigue molestando. Su recuerdo sigue amenazando a quien la mató, y tan diligentemente lleva más de dos décadas molesto por su muerte”, ha dicho, cargando contra la investigación.

“La Justicia no nos ampara, no ampara a Déborah, y no podemos consentir que la instrucción se convierta en una burla a su memoria. No podemos permitir que mate también su dignidad. Hasta aquí decidimos llegar en el ámbito de la instrucción. Hasta aquí la venganza ajena. Viviremos ahogados en la indefensión, deseando que esto no vuelva a suceder”, ha finalizado.

Atendiendo también a los medios de comunicación, la hermana de Deborah ha señalado que esta es "de las decisiones más duras que ha tomado en su vida": "Darte por vencida cuando la Justicia mira para otro lado es el resultado de algo que nos obligan a tomar. No es por gusto, porque yo no quiero nada más que se haga justicia para mi hermana, pero visto cómo están reaccionando los juzgados, y que dudan hasta de la etiología homicida del caso de Déborah, pues nos vemos en la obligación de tomar esta decisión por un bien personal, porque al final esto va a acabar con nosotros”, ha señalado, dejando claro, no obstante, que todo esto no significa que abandonen el caso.

“Obviamente vamos a seguir escudriñando datos hasta dar con la pieza que consiga meter en la cárcel al asesino de Déborah. Lo haremos de forma privada, ya no tan expuestos, ya no con esta carga jurídica, y desde luego si encontrásemos algo nuevo que consiguiese esa reapertura lo lucharemos con uñas y dientes, pero viendo el poco apoyo que tenemos por parte de las administraciones… nos vemos en la obligación de, por el momento, tomar esta decisión”, ha dicho Rosa Fernández.

En el mismo sentido se ha pronunciado el abogado de la familia, quien ha denunciado las incoherencias en la investigación desde que se encontrase el cadáver de la joven en una cuneta en O Rosal (Pontevedra), hace ya más de 22 años.

“Para qué seguir practicando pruebas. Qué valor tenía el atestado de 2019 de la Policía Nacional que señalaba a una persona como autora de la desaparición y muerte de Déborah. Si consideraban que él mismo era una invención por qué no se indicó a los agentes que hicieran bien su trabajo. Se pidió en aquel escrito la declaración del doctor (Aitor) Curiel, aceptada por su señoría, y en la misma sus conclusiones y argumentos (que señalaban que la muerte no fue natural) fueron atacados a fin de mantener viva la teoría de la muerte súbita; descartar la muerte causada por terceras personas y, en resumidas cuentas: aquí no ha pasado nada, el asunto no es para tanto lío”.

“Se sigue dando vueltas al disco duro (del ordenador de Déborah). Los peritos designados por el juzgado, Lazarus Technology, dicen que se manipuló tras la entrega por parte de la familia. El perito de la defensa señala que no se manipuló, y la Guardia Civil… ¿qué va a decir la Guardia Civil si no supieron acceder al disco en su momento? Tampoco sacaremos nada en limpio de la inspección del teléfono móvil porque dos personas, con nombre y apellido, se la quitaron cuando lo recogieron. No tiene sentido pensar… un teléfono móvil que aparece dieci..no sé cuántos años después, pero que le falta la tarjeta”.

“Hemos pedido pruebas para intentar enmendar la negligente actuación policial. La inexistente instrucción judicial durante muchos años. Por supuesto, reconocemos el trabajo desde 2019 hasta hoy, pese a las muchas diferencias que ha habido de criterio. Para intentar también sustituir la inacción del Ministerio Fiscal, que se ha producido desde el 2002 hasta el día de hoy, algo que podemos entender legítimo, porque consideran que no hay delito, pero que choca con el oficio de la Policía de 2019, como antes decíamos, que señalaba que tenía la convicción de que se trataba de una muerte violenta", ha reiterado el abogado de la familia.

"Nada señaló el Ministerio Fiscal en contra de aquella conclusión, pero resulta evidente que no se lo cree. Hemos presentado decenas de escritos solicitando diligencias de prueba, la mayoría denegados. Hemos sido nosotros los que propusimos ingentes pruebas para intentar vincular a otras personas en los hechos, los que solicitamos pruebas de ADN masiva, los que colaboramos con la policía cuando se nos pidió", denuncia, antes de pasar a declarar la voluntad de la familia respecto a la causa.

"El día 10 de julio de 2023 hemos mantenido un encuentro los letrados con los padres de Déborah y con sus hermanos Rosa y José. Después de hablar con ellos en las últimas semanas, ante la inminencia de fin de plazo de la instrucción, me limitaré a reproducir el sentimiento y sensación que Don José Carlos Fernandez Cervera, doña Rosa Neira, doña Rosa Fernández Cervera Neira y Don Josu Humberto Fernández Cervera nos expresan y que quieren expresamente que conste en este comunicado: rechazo, ante la desidia de la administración, rabia contenida, hartazgo en este asunto, en este desgraciado asunto, no creen en el Estado de derecho. Esperan que a nadie les pase lo que ellos han tenido que pasar y está pasando. Y pérdida de confianza, si es que en algún momento la hubo. Nos damos por vencidos, es difícil derrumbar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho", ha denunciado.

"Por todo lo anterior, os quería comunicar que, en base a los escritos presentados en el último año, las representaciones letradas de la familia Fernández Cervera nos oponemos a la prórroga de instrucción, y si se entiende que no hay elementos para abrir el procedimiento de jurado, que se proceda al sobreseimiento provisional de la causa".

Déborah, de 22 años, residente de Alcabre y estudiante de Diseño Gráfico, salió a a hacer deporte por la playa de Samil, en Vigo, y desapareció ese 30 de abril de 2002. Fue encontrada varios días después, el 10 de mayo, en la cuneta de una carretera en O Rosal, a 40 kilómetros de Vigo.

Su cuerpo sin vida fue hallado semidesnudo, en una escena que parecía una agresión sexual. Sin embargo, se determinó que esa agresión sexual en realidad no sucedió: que el cuerpo fue limpiado y que el ADN que se encontró en preservativos y dentro de su cuerpo es de terceras personas que nada tienen que ver con el crimen. Apuntaron a pruebas falsas para despistar a las autoridades.

A partir de ahí, lo que se suceden son un cúmulo de incógnitas, con la familia denunciando la falta de investigación y el desamparo en un caso que, insisten, fue un asesinato.

Tras años con el caso cerrado, fue en 2019 cuando un testimonio aportado por la familia obligaba a practicar nuevamente diligencias. La jueza de Instrucción número 2 de Tui reabriría la investigación citando a declarar a varios testigos, a lo que se sumaron otras prácticas como el análisis del disco duro del ordenador de Déborah.

Dos años más tarde, en 2021, se produjo la exhumación en busca de pruebas, Meses más tarde, tras una segunda autopsia, aparecerían nuevos hallazgos, como pelo y fibras en las uñas de Déborah, que añadían nuevas vías de investigación.

El 11 de febrero de 2022 llamaron a declarar al exnovio de la joven, el único investigado. Un mes después, el 10 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de Toxicología hallaba ADN de un varón en una uña del cadáver de la joven, por lo que la familia solicitó más investigaciones sobre ese perfil genético.

Los resultados genéticos no arrojaron nada que la Justicia considerase concluyente: apuntaban a un vecino sin relación con el caso, y la jueza descartó esa vía, manteniendo solo la investigación sobre el exnovio.

Más tarde, ya en septiembre de ese año, en una comisaría de Madrid aparecían traspapelados distintos objetos del aso, como un móvil sin tarjeta, fotografías, oficios policiales y cintas de vídeo.

Hoy, nada ha conducido a la búsqueda de justicia que la familia de Déborah reclama, insistiendo en que de forma privada seguirán "escudriñando datos" para "meter en la cárcel a su asesino", cargando contra la conclusión que apunta a una muerte súbita.