Los funcionarios de Justicia aplazan su huelga indefinida hasta después de las elecciones generales del 23J

Los sindicatos de funcionarios de la administración de Justicia han aplazado, sin haber alcanzado un acuerdo ni una negociación con el Gobierno, la huelga indefinida que colapsaba los registros y juzgados y que mantenían desde el pasado 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 23 de julio.

CSIF, STAJ, CCOO y UGT han informado este martes en un comunicado de que cesarán el paro indefinido, aunque mantendrán dos días de huelga general en plena campaña electoral, el 11 y el 20 de julio, pues recuerdan que el conflicto continúa.

"El nuevo gobierno ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo", advierten los sindicatos, que denuncian que desde que comenzaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril no han recibido ninguna propuesta para abrir un proceso de negociación por parte de un Ministerio de Justicia "enrocado y a la defensiva".

Cabe destacar que en ninguna de las tres reuniones celebradas hasta ahora se ha debatido una oferta económica. En la última, Justicia ofreció a los sindicatos el compromiso de retomar la negociación una vez superadas las elecciones del 23 de julio y conformados los gobiernos autonómicos y central. El comité de huelga rechazó este ofrecimiento y optó por encerrarse en la sede del Ministerio, aunque tres días después abandonó el edificio avisando que el conflicto no había terminado. Ahora, finalmente, han cedido a cesar la huelga hasta después de los comicios.

Estos funcionarios reclaman un incremento de hasta 430 euros mensuales después de que el 28 de marzo los ministerios de Justicia y Hacienda firmarán un acuerdo --tras dos meses de huelga-- con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que recogía un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales. Posteriormente, ambos ministerios rubricaron también un pacto con las asociaciones de jueces y fiscales para reconocer una subida en la misma línea.

El acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros, mientras que el de jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cifras quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para conseguir una subida de hasta 430 euros brutos al mes para las 45 000 personas que conforman el cuerpo.