La madre de José Enrique García murió con "la losa de haber tomado talidomida", sintiéndose "culpable de que su hijo naciera con una agenesia (reducción) en el brazo izquierdo. Un niño casi sin brazo que, hoy con 58 años y siendo presidente de la Asociación Andaluza de Afectados por la Talidomida, va a ver por fin compensado "parte" del sufrimiento vivido. Al menos en cuanto a cierto reconocimiento se refiere.

Este martes el gobierno aprueba un decreto ley por el que se aprueba una compensación económica para 130 víctimas de este fármaco, las reconocidas tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid.

Y por eso Ángel Marín (56), otra persona nacida con malformaciones por la misma causa, confiesa a Mediaset, "sentirse feliz". Aunque no del todo. Como José Enrique, la suya es una alegría contenida. "Necesitábamos este reconocimiento a las madres y de la sociedad. Es una buena noticia. Pero no podemos olvidar al resto". Les duele, confiesan ambos, que "no se hayan reconocidos más casos", porque en un principio, los afectados que pasaron por evaluación fueron más de 500.

Además temen que con el decreto este tema pueda considerarse cerrado: "Es triste que con cada noticia que sale de los afectados, todo parece cerrarse por fin. Y nada más lejos de la realidad. La talidomida ha sido siempre un arma usada por y contra los gobiernos de España. Que salga ahora en vísperas de las elecciones no es casualidad", comenta García.

"Estas ayudas son solo la punta de la pirámide", asegura también a Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite). En rueda de prensa, tras conocerse el decreto de ayudas que se aprueba este martes, su presidente, el abogado Ignacio Martínez ha estimado que el gobierno se queda corto en la valoración de víctimas, porque en su opinión "en España se estima que hay unos mil supervivientes".

De momento y hasta la fecha, solo 24 víctimas han recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los presupuestos de 2009, que en ese intento de reparar a las víctimas, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida.

Ahora, para establecer el número de personas que recibirán la compensación, "se han realizado más de 600 análisis complejos", según informa el Ministerio de Derechos Sociales. En el proceso de selección, defienden desde el ministerio, han participado genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin la colaboración de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, que han diseñado un panel de genes único en el mundo.

En cualquier caso los afectados reclaman más. No solo estiman que hay más afectados que los 130 reconocidos por la Carlos III , también quieren que el Ejecutivo español les apoye para conseguir que la farmacéutica alemana que comercializó la talidomida Grünenthal les abone una ayuda adicional, según explicó Martínez en rueda de prensa. Además reclaman que España les pida perdón.

Ambas asociaciones de afectados, la Andaluza y Avite, consideran que el estado español tiene parte de culpa en lo que les ha pasado porque, cuando ya no se vendía talidomida en el resto del mundo, aquí se seguía comercializando. "El régimen de Franco, por apoyar a los alemanes, ocultó los informes y hay documentos que lo atestiguan", cuenta García y de ahí que los afectados piden que se les considere "víctimas del franquismo" y se les compense por ello.

"Hay que seguir trabajando, esto no acaba aquí. Necesitamos que todos los afectados sean reconocidos, que no tributen las ayudas, que la farmacéutica se disculpe. Pero aunque el daño está hecho y la reparación es difícil, el decreto va a ser un alivio. Por lo menos nos permitirá tener una vejez con dignidad", comenta Ángel Marín.

Este martes, cuando se cumplen 66 años desde el nacimiento del primer bebé dañado por este fármaco, España aprueba por fin resarcir a las víctimas a través de un decreto ley, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las ayudas eso sí, variarán en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Así, por ejemplo, para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018). Desde este ministerio, su ministra, Ione Belarra, ha explicado que lo que buscan es "hacer justicia con los afectados".

Unas víctimas que llevan años esperando, que les dieran la razón. Demasiados. Tanto que muchos ya habían perdido la esperanza de ver cómo se aprobaba una ayuda económica que les aliviara un poco una vida que quedó marcada por un fármaco, que la farmacéutica alemana Grünenthal sacó a la venta en 1957 sin receta, porque supuestamente era inocua.

Se comercializó en España bajo el nombre de Contergan (talidomida) y actuaba como sedante para aliviar las náuseas matutinas del embarazo, aunque ese alivio ocultaba un terrible efecto secundario, provocaba malformaciones y enfermedades crónicas en el feto. Sus madres la tomaron sin conocer los efectos, y fue un dolor que siempre llevaron consigo. De ahí que la verdadera compensación, comenta Ángel emocionado, es para ellas. "Me gustaría dedicarle a mi madre y a todas las madres este decreto, porque reconoce de algún modo que ellas no tuvieron la culpa".