Agentes de la Policía Nacional han liberado en Alicante a 21 víctimas de explotación sexual por parte de una organización criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con esos fines. Los cabecillas de la banda, han informado las autoridades, ya han ingresado en prisión, siendo un total de nueve personas las arrestadas.
Compuesta por "una estructura perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas entre sus integrantes", sus víctimas eran captadas en Colombia a través de engaños. Una vez en España, las obligaban a prostituirse para saldar su deuda.
La operación, que ha logrado desarticular la organización criminal, comenzó cuando una de las víctimas logró escapar de uno de los pisos en el que estaba retenida y contactó con agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto de Alicante-Elche para pedir ayuda. A ellos les contó que había sido captada en su país de origen bajo la falsa promesa de que iba a trabajar en España como ayudante de cocina y, debido a su precaria situación económica, aceptó la oferta.
Cuando llegó, los integrantes de la banda la obligaron a ejercer la prostitución para saldar la deuda que había adquirido con ellos con motivo de su viaje, la cual se había incrementado de forma exponencial en base a supuestos intereses y gastos varios que no tenían nada que ver con el viaje en sí.
Tras vivir la pesadilla y conseguir escapar, relató a los agentes que estaban sometidas a unas condiciones deplorables en las que debía ejercer la prostitución; en una situación de "absoluta" explotación. Se encontraba en un régimen de semiesclavitud, ya que debía estar disponible en todo momento para los clientes, en turnos de 24 horas durante los 7 días de la semana, y no tenía libertad para salir a la vía pública.
Expuestas estas circunstancias ante las autoridades, los agentes activaron de forma inmediata los protocolos policiales nada más tener conocimiento de los hechos, trabajando para la protección de la víctima e iniciando las pesquisas de investigación con el fin de detectar y comprobar si había alguna otra víctima en su misma situación.
Dando inicio a la investigación, la Policía descubrió que la banda contaba con una gran infraestructura que le permitía controlar hasta seis pisos/locales en la ciudad de Alicante y extendía sus ramificaciones hasta Murcia y Valencia.
Gracias a la "gran experiencia criminal" del principal líder de la organización, dotaban de apariencia legal todas sus actividades. De hecho, apunta la Policía en su comunicado, tenían "tal grado de profesionalización delictiva" que llegaron a contar con una agencia de viajes mediante la que, de forma fraudulenta, efectuaron el traslado de sus víctimas hasta España y burlaron los controles fronterizos haciéndolas pasar por turistas.
Dado el gran volumen de negocio que manejaban, los presuntos autores de los hechos tenían unos ingresos de unos 21.000 euros al mes, lo que les permitía llevar un alto nivel de vida tanto por las viviendas de lujo en las que residían como por los vehículos de alta gama que conducían.
Avanzando en las pesquisas, --y una vez lograron detectar nuevas potenciales víctimas sometidas a explotación sexual por los proxenetas-- los investigadores lograron arrestar a los nueve integrantes de la organización, liderados por un varón que cuenta "con multitud" de antecedentes policiales.
Además se llevaron a cabo seis registros simultáneos en los diferentes locales que regentaban, donde los agentes lograron identificar a otras 20 nuevas víctimas potenciales.
Tras sus detenciones, los principales integrantes de la organización fueron puestos a disposición judicial, y se decretó el ingreso en prisión de los dos líderes de la misma.
Los implicados, precisa la Policía, tenían "nula empatía" y explotaban sin piedad a las víctimas. Una de ellas, ya liberada, fue presuntamente obligada a prostituirse en contra de su voluntad como 'trans crosdresser' "con el único objetivo de obtener un mayor rédito económico de su explotación sexual". Le obligaron a adquirir artículos para prostituirse como pelucas y vestidos, que le exigieron pagar, hecho que engrosó el saldo de su deuda.
De esta forma, recalca la Policía, "se produjo una doble victimización: por un lado le forzaban supuestamente a realizar prácticas sexuales en contra de su voluntad y, por otro, la propia naturaleza de esas prácticas sexuales hacía que su deuda se incrementara más".
Ahora, a los investigados se les imputa la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración irregular), delitos relativos a la prostitución y falsedad documental.