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El fin de las llamadas comerciales intempestivas termina hoy, pero los consumidores sospechan que la entrada en vigor de la ley no evitará este tipo de comunicaciones, sobre todo por los resquicios que deja la norma a las empresas.
Lo que está claro en un primer momento es que, a partir de este jueves 29 de junio y tras un año en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido realizar llamadas comerciales no deseadas -conocidas como "spam"- a los usuarios que no hayan dado su consentimiento expreso.
La norma estipula que:
Por el contrario, lo que sí permite la ley a las empresas de telemarketing es:
La nueva norma es aplicable si la empresa llama a un usuario con una numeración fija o móvil asignada en España y recoge como excepción a aquellos casos en los que la llamada fuera necesaria para proteger intereses vitales, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, entre otros.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima, según un comunicado, que el 47 % de las llamadas aleatorias e indiscriminadas proceden de operadores de telefonía, el 30 % de energía, y el 15 % del sector financiero.
Esta asociación ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) labores de control, vigilancia y en su caso sanciones ejemplares. Este último organismo tendrá potestad para iniciar un expediente sancionador contra la empresa que incumpla.
La OCU advierte, no obstante, que en la práctica resulta imposible identificar qué empresa está detrás de dos de cada tres llamadas comerciales, y sólo en una de cada diez se consiguió información clara para poder cancelar la información registrada y la solicitud de baja.
Se basa en un estudio que elaboró tras recopilar 212 números fijos y móviles que habían tratado de comunicar con un grupo de usuarios, a los cuales se les devolvió las llamadas para averiguar de quién venían.
La OCU afirma que solo se consiguió averiguar a quién pertenecían el 34 % de esos números.