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Dos de cada tres víctimas de violencia machista han denunciado a su agresor en el primer trimestre de 2023, según se desprende de los datos hechos públicos este miércoles por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala que se han registrado un 10,9% más de denuncias que en el mismo periodo del año anterior. Para ayudar en la erradicación de este tipo de delitos, el Ministerio de Interior creará una Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales y un registro de seguimiento y prevención de los delitos sexuales (Sistema VioSex) de similares características al sistema Viogen para el seguimiento de casos de violencia machista.
En concreto, ha informado de que en el periodo analizado los juzgados españoles recibieron un total de 46.327 denuncias, frente a las 41.765 contabilizadas en el primer trimestre de 2022. En cuanto a las mujeres víctimas de la violencia machista en esos tres primeros meses del año, el organismo del CGPJ ha contabilizado 45.154, frente a las 40.481 del mismo periodo del año anterior.
En este sentido, ha precisado que la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,4 en toda España, 1,7 puntos más alta que en el primer trimestre de 2022. Por encima de la media nacional se situaron Murcia, con una ratio de 26,4; Baleares, con 26; Comunidad Valenciana, con 25,6; Canarias, con 22,8; Navarra, con 21,1; Andalucía, con 21; Cantabria, con 19,2 y Madrid, con 18,4.
Por el contrario, las tasas por debajo de la media nacional se contabilizaron en Galicia, con 12,4; País Vasco, con 13,1; Castilla y León, con 13,3; Cataluña, con 13,8; La Rioja, con 14,2; Castilla-La Mancha, con 14,3; Asturias, con 11; Aragón, con 16,4 y Extremadura, con 17,4.
En cuanto al origen de la denuncia, el Observatorio indica que 32.661 de las más de 46.000 registradas, un 70,5%, fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría. Se trata, según señala el organismo de una cifra "muy superior" a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (853), que apenas alcanzaron el 1,8% del total.
Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales, por su parte, representan el 15,8% de las registradas en el primer trimestre del año; las originadas por partes de lesiones, el 7,7%; y las presentadas por terceras personas, el 4,1%.
La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado positivamente el aumento de las denuncias registrado en este inicio del año y el hecho de que las mujeres "estén confiando más en las instituciones en ese paso tan difícil que es denunciar a su maltratador".
Sin embargo, ha hecho también un llamamiento "muy importante" a "todas las personas que rodean a la víctima de violencia de género, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, para que las apoyen, para que las ayuden a salir de ese círculo de la violencia y para que denuncien también".
En este sentido, ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, según ha indicado, "están consiguiendo que muchas mujeres se sientan seguras para denunciar", al igual que a los "profesionales sanitarios que a través de sus partes de lesiones consiguen que los órganos judiciales puedan iniciar un procedimiento para conseguir que esa mujer salga a la justicia".
"Si se han presenciado algún hecho delictivo, todos y todas tenemos la obligación de denunciar aquellos hechos delictivos, sobre todo los relacionados con la violencia de género", ha apuntado.
Carmona ha destacado, por otra parte, el "aumento significativo" de las órdenes de protección en las medidas cautelares que se adoptan por los órganos judiciales en este trimestre. "Un 70% de las solicitadas son concedidas por nuestros jueces y también un aumento muy significativo de las condenas, el 80% de los juicios que acaban en los juzgados de lo penal o en las audiencias provinciales acaban en una sentencia condenatoria", ha explicado.
La presidenta del Observatorio ha valorado como una "buena noticia" estos datos ya que, segün ha explicado, el objetivo es que "no haya impunidad" y que "todos los maltratadores sepan que maltratando lo único que les va a caber es que toda la acción de la Justicia recaiga sobre ellos".
Los datos del Observatorio del CGPJ apunta que estas sentencias dictadas entre enero y marzo de este años fueron 14.886, de las que ocho de cada diez condenaron al agresor. Del mismo modo precisa que se acordaron 11.658 órdenes de protección.
Además, los datos que destaca el Observatorio indican que el 10,6% de las víctimas de violencia de género, 4.818 mujeres en total, se han acogido en este periodo a la dispensa del deber de declarar. Esto supone un aumento de algo más de un punto porcentual con respecto al año anterior.
También señala que en el 45,1% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer.
El organismo del CGPJ recoge en su informe que los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 15.379 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.868), que representaron el 67,1% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (5.618), un 64,8%.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 4.826 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.478), que representaron el 20,5% del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.061), el 14,8% del total.
Durante el primer trimestre de este año, también se acordaron 989 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 13,3% del total de las medidas civiles adoptadas, según ha indicado el Observatorio, aumentaron un 18,7% respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --que establece la suspensión del régimen de visitas "cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido" con la violencia de género-- llevaba ya en vigor más de medio año.
Del mismo modo, ha aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 565 medidas de este tipo representan el 7,9% del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 59 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y en 100 casos suspendieron la patria potestad.
Precisamente, sobre los menores que son víctimas de violencia sobre la mujer, el CGPJ ha indicado que, entre enero y marzo de este año los juzgados de menores enjuiciaron por este tipo de delitos a 80 menores de edad, mientras que hace un año fueron juzgados por estos órganos 77. Del mismo modo, recoge que se impusieron medidas en 77 casos, de los que 68 eran relativos a menores españoles. En los otros 3 procedimientos no se impusieron medidas.
El registro Viosex es una herramienta informática que favorecerá la prevención basada en inteligencia y análisis del fenómeno de las violencias sexuales y la integración de información que resulte de utilidad para los objetivos de este Plan Estratégico. A imagen del Sistema VioGén, VioSex integrará funcionalidades que permitan conectar las bases de datos policiales y favorezcan la interacción bidireccional entre las instituciones integradas en el sistema, en especial los servicios penitenciarios.
Ante una agresión sexual de cualquier tipo, los motores de búsqueda de VioSex permitirán localizar hechos similares sucedidos en otros entornos geográficos o con similares modus operandi que puedan facilitar su esclarecimiento
La Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales asumirá asimismo el desarrollo de actividades de investigación científica sobre delitos sexuales en colaboración con universidades, organismos y entidades de producción científica, así como la elaboración de informes técnicos y estadísticos sobre diferentes aspectos de la violencia sexual.
La Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales creará un grupo de trabajo de profesionales especializados de las Fuerzas de Seguridad, las policías autonómicas y las locales que analice la problemática de los delitos sexuales en cada ámbito y la cooperación en la investigación policial mediante procedimientos, aprendizajes y buenas prácticas de uso común en la mejora de la atención a las víctimas de los delitos sexuales.
Para la elaboración del plan, expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad han tenido en cuenta los diferentes fenómenos relacionados con las violencias sexuales, las víctimas y los victimarios de cualquier edad y sexo, conforme a las definiciones aportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONU-Mujeres y otras organizaciones internacionales, así como la legislación española vigente en esa materia.
El plan estratégico se articula en torno a seis grandes ejes que engloban en total 59 medidas concretas con las que se pretende dar respuesta a los distintos frentes y retos que presenta el fenómeno de la violencia sexual en España. El plan potenciará los planes de formación interdisciplinar de los miembros de las Fuerzas y de Seguridad y de los profesionales de Instituciones Penitenciarias, en especial en todo lo relacionado con la atención a las víctimas.
Asumirá la revisión periódica y potenciación de los planes de formación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad y otros profesionales en la lucha contra todas las formas de violencia sexual, así como la mejora de la atención de las víctimas.
Para alcanzar ese objetivo, esta oficina diseñará programas de formación específica y especializadas para los efectivos policiales en función de los tipos de delitos y las edades o necesidades especiales de las víctimas, así como las nuevas realidades como la ciberviolencia sexual.
Otro de los objetivo pasa por generar y actualizar conocimiento con el desarrollo de actividades de investigación científica sobre delitos sexuales en colaboración con universidades, organismos y entidades de producción científica, así como la elaboración de informes técnicos y estadísticos sobre diferentes aspectos de la violencia sexual.
A corto plazo, se actualizará los convenios firmados por el ministerio con universidades u otras entidades públicas o privadas con interés legítimo en la investigación científica sobre la violencia sexual para favorecer el desarrollo de las actividades investigadoras colaborativas de diversos campos, entre ellos la elaboración de programas con perspectiva de género de tratamiento para agresores sexuales en el ámbito penitenciario y medidas alternativas a la prisión.
En cuanto al apoyo a las víctimas y mitigación del daño, Interior quiere promover los servicios de apoyo y asistencia centrados en las víctimas de los delitos sexuales.
Para ello, estimulará programas conjuntos de formación y sensibilización para operadores de diversas disciplinas (medicina, psicología, derecho, trabajo social, seguridad) involucrados en la atención de víctimas de delitos sexuales, en especial en lo relacionado con su tratamiento integral mediante programas destinados a grupos de población específicos.
También incluirá los protocolos necesarios para encauzar su estrecha relación con otros centros del Ministerio del Interior, como el Servicio Central de Violencia de Género, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) o la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, entre otros.
La Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales creará estructuras de cooperación multilaterales con otras instituciones y entidades relevantes en materia de violencia sexual sobre la base de un enfoque de género y para la prestación de servicios de apoyo y protección a las víctimas de la violencia sexual.