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Nuevo caso de mala praxis médica en Granada. José Manuel Muñoz Carranza, un hombre de 65 años, murió el 27 de noviembre de 2018 en el Hospital Clínico San Cecilio, ocho días después de que le realizasen una reconstrucción intestinal. El Servicio Andaluz de Salud y una compañía aseguradora tendrán que indemnizar a su familia con 48 338 euros.
Así lo ha dictado el magistrado Antonio Iglesias, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada, que considera que en su caso hubo una “mala praxis médica”.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso ‘El Ideal’, consta que el 19 de noviembre de 2018, el paciente se sometió a una reconstrucción intestinal. Un día después pasó a planta, tres días después comenzó la tolerancia oral líquida y el día 26, la dieta. En todos estos días, el paciente tuvo una buena evolución.
En la historia clínica se señala que la mañana del 27 de noviembre, empezó a tener “sensación distérmica y escalofríos”, hipotensión y signos de irritación peritoneal. Por ello, le realizaron un TAC abdominal y una analítica y, ante los resultados, le llevaron urgentemente al quirófano, donde sufrió una parada cardiaca durante la inducción anestésica y falleció. El paciente había sufrido un shock séptico que era irreversible como consecuencia de una peritonitis.
La familia, por su parte, argumenta que ya desde las 9:00 horas del día 26, tenía somnolencia, fiebre y cansancio y no se le realizaron pruebas. Añaden que durante la madrugada del 27, su estado se agravó y experimentó fuertes temblores y pérdida de consciencia.
Este día, todo apunta a que le calmaron con un sedante. El juez considera que podían haber llamado a un cirujano o haberle realizado un TAC. De esta manera, “habría tenido una probabilidad suficiente de mejora o de curación aun no teniendo garantizado el resultado favorable”.
Asimismo, estima que de haber actuado de esta manera es “altamente probable” que el resultado hubiese sido distinto, a pesar de las patologías que tenía el paciente, enfermo de cáncer de colon, obeso y que había sido previamente tratado de fibrilación auricular.
La familia, representada por A-Abogados, reclamó 245 000 al considerar que debían de haber actuado ante los primeros síntomas para evitar que la peritonitis progresase de esa manera. El Consejo Consultivo de Andalucía no les dio la razón. Ahora el magistrado Antonio Iglesias ha sentenciado que hay responsabilidad patrimonial y condena al Servicio Andaluz de Salud y a una compañía aseguradora a indemnizar a su familia con 48 338 euros.
El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.