La Fiscalía y el ministerio del Interior revelan que en 2021 los juzgados españoles recibieron casi 2.000 casos por delitos de odio. El mayor porcentaje, 4 de cada 10 fueron por racismo y xenofobia y eso que la gran mayoría de las víctimas no se atreve a denunciar.

Ese mismo año se dictaron 91 sentencias condenatorias por delitos de odio o en las que el odio era agravante y el 30 % de ellas con motivación racista.

Esta contradicción reabre el debate sobre si hay herramientas suficientes para combatir el racismo y cómo se aplican cuando ocurren episodios racistas como el sufrido el pasado domingo por el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Junior en Valencia, unos hechos que han llevado a la Fiscalía Provincial de Valencia a abrir diligencias de investigación y por los que este martes han sido detenidos tres jóvenes de entre 18 y 21 años.

Tajante ha sido el Gobierno y en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros: la portavoz Isabel Rodríguez ha condenado los insultos proferidos a Vinicius y ha aseverado que en España esos comportamientos “no quedan impunes, se persiguen y castigan”.

“Tenemos los mecanismos para perseguirlos en todos los ámbitos no solo deportivos. Hay quienes justifican esos comportamientos, lo hemos visto y no cabe ser neutral; hay que ser tajantes y hay que decir que somos antirracistas porque combatimos estos comportamientos y trabajamos para erradicarlos”, ha destacado Rodríguez.