Miles de policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones se han manifestado sábado en Madrid para reclamar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos y unas pensiones “dignas” de jubilación, así como para denunciar la “discriminación” que, según sostienen, sufren desde las administraciones respecto a sus compañeros de las policías local y autonómica.

Convocados por la organización por la justicia salarial Jusapol y los sindicatos mayoritarios del sector, Jupol y Jucil, de Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente, y apoyados por el sindicato de funcionarios CSIF, los manifestantes, 80 000 según la organización de la protesta, se han hecho notar desde la Puerta de Alcalá con silbatos, bocinas y bengalas. También han entonado cánticos como “justicia salarial” y han portado pancartas con lemas como “defendemos lo nuestro”, en una protesta en la que se han visto decenas de banderas de España y de autonomías como Asturias o Galicia.

Miguel Gómez, presidente de Jusapol, ha demandado la “equiparación real y total para policías nacionales y guardias civiles frente a los policías autonómicos” porque “seguimos sin tener los mismos salarios”, y ha señalado que “lo más grave” es que esas diferencias, que llevan “lastrando” al cuerpo desde hace 30 años, también las sufren cuando se jubilan.

“Ellos (los policías autonómicos) se van a poder jubilar seis años antes que nosotros, a los 59 años, sin perder poder adquisitivo, con la jubilación máxima; nosotros, seis años después y perdiendo más de 1.000 euros mensuales. Tenemos motivos de sobra para seguir luchando”, ha resumido en declaraciones a EFE. Ha asegurado, además, que “no existe ningún tipo de interlocución” con el Gobierno a la hora de poner solución a esta situación.

Por su parte, Aaron Rivero, secretario general de Jupol, ha denunciado que “todos los policías autonómicos tienen reconocida su condición de profesión de riesgo”, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil, realizando el mismo trabajo, "no tenemos ese reconocimiento”.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha acusado al Gobierno de enarbolar la bandera de la “discriminación” contra la Guardia Civil, al tiempo que ha tildado el régimen de clases pasivas de “arcaico” y ha reclamado un cambio normativo en ese sentido.

Según detallan los sindicatos convocantes en una nota, el régimen de clases pasivas premia a quienes ingresaron antes del año 2011 en el cuerpo, que reciben mayores prestaciones por jubilación que quienes entraron con posterioridad a esa fecha y que deben acogerse al régimen general de la Seguridad Social.