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La sostenibilidad del Parque Natural de Doñana, enquistado desde hace décadas, se ha convertido en pocos días en el primer tema de debate político entre el Gobierno y el PP a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El pasado miércoles el Parlamento de Andalucía aprobó, gracias a los votos del PP y de Vox, la toma en consideración de la proposición de ley para aumentar los regadíos en el entorno de Doñana con la idea de recalificar como regables las fincas de unos agricultores que llevan años reivindicando. La iniciativa empieza ahora su recorrido parlamentario por la vía de urgencia, por lo que la ley podría entrar en vigor en agosto.
El objetivo es legalizar un millar de hectáreas ilegales de regadío en el entorno de este Parque Natural, una de las zonas de las que dependen las marismas de las lagunas de Doñana, ubicada al oeste de Andalucía, perjudicadas por una extrema sequía, con el acuífero en sus niveles más bajos en décadas y los embalses al 25% de su capacidad. Tras esta calificación, los dueños de estas parcelas podrán acudir a la Confederación Hidrográfica a reclamar concesiones de agua superficiales. Para ello, el Gobierno deberá ejecutar unas obras hidráulicas todavía sin fecha.
La clave de que este tema sea tan espinoso son los regantes, agricultores cuya supervivencia económica y modo de vida depende de poder seguir cultivando en estas tierras. La mayoría de estas parcelas que se van a beneficiar de esta recalificación como suelos regables llevan años siendo cultivadas de manera ilegal por sus propietarios con agua del sobreexplotado acuífero de Doñana, una laguna de 1.500 kilómetros cuadrados.
“Esta ley viene a reparar el daño causado y a hacer justicia social con miles de familias de agricultores que se quedaron fuera por el mal diseño del plan de la Corona Norte", ha señalado el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado Doñana, Julio Díaz. “Queremos que las familias recuperen sus tierras para poder cultivar, pero solo cuando llegue el agua superficial del trasvase que tiene que hacer el Gobierno de España. Por lo tanto, no estamos hablando de ampliación de regadío, sino que se reconozca el error histórico de dejar estas hectáreas fuera”, ha señalado
El Plan de la Corona Forestal de 2014 trató de regularizar las explotaciones agrícolas en torno al parque natural y declaró muchas de las parcelas no regables prohibiendo a sus dueños utilizar aguas subterráneas. Su objetivo era clausurar las extracciones no regularizadas y sustituir las permitidas por aguas de superficie para eliminar cuanto antes las extracciones del acuífero sobrexplotado que alimenta la vegetación y las lagunas de Doñana. A pesar de ello, sus pozos ilegales no fueron clausurados.
“La paz social se rompió por el mal diseño y la peor ejecución del Plan de la Corona, que dejó a familias enteras sin sus tierras para poder cultivarlas. Unos 1.500 agricultores se quedaron fuera del plan”, asegura Díaz. “Se crearon una multiplicidad de situaciones, completamente heterogéneas. Agricultores que habían sido subvencionados con fondos operativos de la Junta de Andalucía para mejoras de regadío se enteraron en 2014 que, a pesar de todo eso, estaban extrayendo agua de forma irregular y que tenían que cerrar porque si no los metían en la cárcel”.
Díaz recuerda como entonces algunos agricultores decidieron alejarse del campo y otros se arruinaron. “Ahora mismo hay una fractura social muy importante. Y eso es lo que la proposición de ley quiere arreglar. Que el Plan de la Corona siga surtiendo efecto sobre Doñana, pero corregido para que no haga daño: que estas personas recuperen sus tierras y las puedan regar cuando tengan agua superficial”.
El trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, aprobado por ley en 2018, aún no se ha producido, pero ya están en marcha las obras necesarias para llevarlo a cabo. Esta transferencia de agua contribuiría a asegurar el abastecimiento de los municipios del Condado de Huelva y a aliviar la presión sobre el acuífero de los que se nutre el espacio de Doñana, sustituyendo aguas subterráneas con concesión por aguas superficiales.
“Este trasvase está pensado para que el agua llegue a superficie y se levanten todos los pozos que hay ahí, también los legales”, señala Díaz. “Es mentira lo que dice la ministra de que aquí no hay agua, claro que hay agua. En el norte de la provincia, después de San Sebastián y Grazalema, es donde más llueve. Faltan las infraestructuras para poder captar más recursos y no estar en la situación en la que estamos ahora", subraya el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado Doñana. "La gente quiere tener la tranquilidad de que recupera sus tierras , porque ahora viven en su sinvivir, con multas diarias desde la Junta de Andalucía por la Ordenación del Territorio. Va a ser un bálsamo, que va a restablecer la paz social, el que esas familias recuperen sus tierras a pesar de que no puedan cultivarlas hasta que la Confederación Hidrográfica no les dé agua".
Tanto el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, como la Estación Biológica de Doñana CSIC han criticado la proposición de ley del PP. Los científicos alertan de que los nuevos regadíos solo provocarán más tensión en una zona donde los acuíferos en niveles de agua bajísimos.
La Comisión Europea ha avisado que el proyecto de ley presentado por el PP y Vox en el Parlamento andaluz constituye una “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España en junio de 2021 por no salvaguardar adecuadamente el espacio protegido de Doñana. Y ha amenazado con posibles sanciones económicas si la iniciativa sigue adelante.