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La pareja de Colmenar Viejo (Madrid) que maltrataba a sus 8 hijos permanece en libertad con medidas cautelares. Al padre, médico en el Hospital Gregorio Marañón, y a la madre, acusada también de vejar a sus hijos, se les ha retirado cautelarmente la patria potestad de los menores. Se ha establecido, además, una orden de alejamiento respecto a ellos, para impedir que se acerquen a los niños, que han quedado ingresados en un centro de primera acogida de la Comunidad de Madrid.
El futuro de estos niños es aún incierto. "Estamos ante un caso muy especial", reconocen a NIUS desde los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. "Porque hemos asumido la tutela de los menores por resolución judicial y por tanto estamos a expensas de lo que decida la autoridad judicial respecto a ellos".
Cuando los encargados del cuidado de un menor, generalmente los padres biológicos, no cumplen con los deberes que la ley les impone la consecuencia inmediata es la declaración de desamparo y la asunción de la tutela por parte de la Comisión de Tutela del Menor.
"Se crea entonces una relación jurídica entre el menor y dicha comisión, en la que la administración asume todas las obligaciones que corresponden al tutor, esto es, velar por el menor, procurarle alimentos, educarlo y procurarle una formación integral".
¿Cómo se hace esto? El ejercicio de esta medida de protección se realiza prioritariamente en acogimiento familiar. "La primera opción suele ser la acogida en la familia extensa. Es decir, se intenta que se queden en el domicilio de algún familiar, tíos, abuelos, etc. Si no posible, se opta por familias de acogida. En ambos casos puede tratarse de acogida temporal o permanente. Y si esto tampoco fuera viable, como tercera opción estaría el acogimiento residencial en uno de los centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid", explican.
"El problema con este caso del que hablamos es que no son los Servicios Sociales quienes deciden. Desde la Comisión de Tutela de Menor se puede proponer que los niños se queden, por ejemplo, con los abuelos, pero la autoridad judicial puede negarse, porque al existir una orden de alejamiento de los padres pueden pensar que esto facilitaría el acceso de los progenitores a los niños", detallan. "Y como este ejemplo podrían darse mil situaciones más. Lo que quiero decir con esto es que cualquier medida ahora respecto a la protección de los niños pasa por la decisión de la autoridad judicial".
"Cuando desde los Servicios Sociales se asume la tutela de un menor, generalmente el objetivo final es que los niños vuelvan a incorporarse a sus familias cuando las condiciones sean óptimas", indican las mismas fuentes. Ocurre por ejemplo en los casos donde los progenitores no atienden a sus hijos por falta de recursos económicos o por problemas de adicciones. En este caso la investigación por maltrato complicaría aún más esta posibilidad. "La prioridad siempre es garantizar el bienestar del menor, que esté protegido, por lo tanto, aunque el protocolo indica que el objetivo es reintegrar a los menores a su entorno cuando sea seguro, depende mucho de las circunstancias puntuales de cada caso. No hay una norma establecida".
Por último está la duda de si podrán permanecer juntos todos los hermanos en la opción de acogimiento que se elija para ellos. "Cuando se asume la tutela de varios hermanos se intenta no separarles, algo que en este caso es cierto que se complica especialmente al ser tantos. Mantener juntos a ocho hermanos de entre cuatro y catorce años es obviamente difícil", reconocen desde la Consejería de Políticas Sociales.
El colegio e instituto donde estudian los ocho niños maltratados por sus padres fueron los que dieron la voz de alarma a las fuerzas y cuerpos de seguridad, facilitando que los agentes actuaran, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación.
Se trata del Colegio Ángel León y el Instituto Marqués de Santillana. Ambos centros trasladaron a los cuerpos de seguridad sus sospechas acerca de la situación de los niños en su casa. Pero ni los investigadores ni la Fiscalía se imaginaron lo que iban a encontrar dentro del domicilio una vez que la titular del Juzgado de Instrucción de número 1 dio permiso para el registro del adosado de Colmenar Viejo.
Los niños “estaban malnutridos y vivían arrinconados”, explicaba la Guardia Civil. Los agentes descubrieron que los menores eran obligados a estar a la intemperie largas horas como castigo, que había suciedad por todas partes e incluso fueron testigos del maltrato físico. "Los ocho menores malvivían en una habitación, tenían prohibido pisar el salón”, indicaba la Benemérita en una nota de prensa. El padre incluso usaba su condición de médico para firmarles justificantes a los niños para explicar sus ausencias escolares tras los episodios de maltrato.
La investigación pudo confirmar la "grave situación de desamparo" y de "violencia doméstica" a la que habían sido sometidos los ocho menores durante años, además de que el padre también empleaba la violencia contra la madre, por lo que el juez le ha impuesto también una orden de alejamiento de ella.
En una de las estancias de la casa los agentes encontraron mucho material médico como uniformes, batas, mascarillas, gasas, medicamentos, guantes… El hombre no pudo justificar la posesión de ninguno de estos utensilios, por lo que también se le investiga por un delito de hurto.
En resumen, a los progenitores detenidos se les atribuyen delitos contra los derechos y los deberes familiares, malos tratos y obstrucción a la justicia. Y al padre dos más, violencia de género y hurto.