"Queremos que vean el descontento que tenemos. No vamos a parar hasta que no consigamos unas condiciones laborales y económicas justas", señala Rafael Paniza, el Secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación de Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Este martes ha acudido desde Málaga hasta Madrid para participar en la manifestación que han convocado junto al sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Vestidos de negro recorren las principales calles del centro de la capital.

Portan pancartas, globos, un ataúd y dos grandes esqueletos con unas llaves en las manos a modo de estandarte, como un símbolo del trabajo que desempeñan dentro de las cárceles. "Somos los grandes abandonados del Ministerio del Interior. No somos considerados agentes de la autoridad y nos jugamos la vida en acto de servicio durante nuestras jornadas laborales. El número de agresiones ha ido en aumento durante los últimos años", resalta Montserrat Valcárcel, vicepresidenta de TAMPM, que ha llegado desde Valencia.

Según la Policía Nacional, han asistido más de 3.500 personas. En la cabecera de la marcha se puede leer: "Equiparación salarial y Estatuto de Prisiones", dos reivindicaciones históricas de este colectivo, que lleva años reclamando a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que les dote de un marco legal y jurídico para el desempeño de sus funciones.

En julio de 2020 presentaron en el congreso de los diputados un anteproyecto de ley, que aún no ha sido aprobado. "Necesitamos mejoras de personal, de formación y en el uniforme. Las demandas son muy amplias debido al olvido durante décadas de los diferentes gobiernos. Pedimos un reconocimiento y una dignidad laboral que se nos está obviando con los diferentes gobiernos. Somos un cuerpo de orden aunque no nos reconozcan como Fuerzas y Cuerpo de Seguridad. Nuestro trabajo es imprescindible y muy importante para el Estado. Garantizamos el cumplimiento de las leyes y velamos por la seguridad de la ciudadanía", resalta Paniza.

El recorrido ha comenzado a las 11 de la mañana en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE. Han ido avanzando hasta la plaza de las Cortes, pasando por Plaza de España, Gran Vía, calle de Alcalá, plaza de Cibeles y el Paseo Del Prado.

"Tratamos a diario con internos conflictivos, enfermos mentales, afrontando situaciones para las que no estamos preparados", cuenta Valcárcel. No todos los centros penitenciarios de España son iguales. Los del País Vasco y Cataluña dependen de los gobiernos autonómicos y las condiciones de los trabajadores son distintas.

"Es intolerable que el resto de países de Europa reconozcan la labor que desempeñan los funcionarios de prisiones y en nuestro país no tengamos respaldo legal ni jurídico. Trabajamos indefensos ante las problemáticas que nos surgen día a día dentro de los centros penitenciarios. No pueden seguir sacando órdenes e instrucciones que atenten contra nuestra seguridad y por ello tengamos que ir al trabajo cada día con miedo", subraya Paniza.

Las plantillas están envejecidas. Faltan plazas por cubrir y los servicios médicos están bajo mínimos. El estrés forma parte de su trabajo. Este sábado encontraron muerto a un Jefe de Servicios del Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha dentro de su oficina. Era Francisco Aranda. Le habían operado del corazón y ya se había reincorporado. Había tenido que mediar en un altercado con un interno una hora y media antes. Había comido. Sus compañeros le encontraron desplomado.

Por esta razón, durante la marcha, algunos funcionarios se han colocado un brazalete negro en señal de duelo y en memoria de su compañero fallecido. Instituciones Penitencias de momento no se ha pronunciado al respecto. La autopsia determinará la causa de su muerte. Sindicatos de trabajadores de prisiones han trasmitido su pésame a la familia del difunto.

Funcionarios de las prisiones catalanas también se han concentrado en el acceso al centro penitenciario de Brians 2. Reclaman más seguridad. Aseguran que durante este último año las agresiones se han disparado un 800% y sufren una media de cuatro al día: bofetadas, palizas o incluso más graves que mandan a los funcionarios al hospital.

Para representarlo de forma visible han colocado unas camisas manchadas de sangre a las puertas del penal.

El pasado 16 de marzo, un interno murió en el módulo 3 de la prisión madrileña de Alcalá Meco, posiblemente a consecuencia de una sobredosis. Los funcionarios de prisiones critican que no se hace una dosificación con las medicaciones que tienen pautadas y la falta de seguimiento psicológico de los internos.

El 10 de marzo un funcionario resultó agredido por un recluso con problemas mentales en el Centro Penitenciario de Lugo Bonxe, por una discusión también relacionada con la medicación y pastillas. Sin mediar palabra, el delincuente propinó un puñetazo y una patada al trabajador, que cayó al suelo y quedó inconsciente. Tuvieron que acudir refuerzos desde otros módulos y una ambulancia trasladó al herido a un centro hospitalario. El recluso ya había ocasionado problemas por hechos similares. 

El pasado 28 de febrero en la cárcel Sevillana de Morón, un reo estranguló hasta la muerte a su compañero de celda, aprovechando que dormía la siesta. Otman Karzoui llamó al telefónillo para confesar que había acabado con Rafael Velázquez Prieto, el miembro más peligroso de una saga familiar conocida por la Policía en la capital hispalense y sus alrededores. No pudieron hacer nada para salvarle la vida. El agresor se encuentra recluído en una celda de aislamiento.

A finales de 2017 la Secretaría General aprobó un protocolo específico para contabilizar las agresiones a sus funcionarios, con un criterio distinto al del resto de la administración general del Estado: Sólo se tienen en cuenta aquellas que dejan marca física y se reflejan en un parte médico. 2022 fue el año más violento de los últimos ocho. Solo durante los primeros nueve meses se contabilizaron 310 casos, uno cada 32 horas.