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Beatriz acude a ver a su abogada y le pregunta cuándo va a cobrar su pensión de invalidez. Esta ingeniera, afectada por una enfermedad rara, lleva 5 años peleando con la Seguridad Social para que reconozcan su incapacidad y ha ganado. Pero no puede cobrar sus cinco años de pagas porque el dinero está bloqueado en los Juzgados debido a la huelga. Lleva todo este tiempo pidiendo ayuda a su familia, se ha gastado sus ahorros y malvive con una ayuda pública de poco más de cien euros, con dos hijos a su cargo. "Comprendo que tendrán sus demandas laborales pero así no se puede vivir", se marcha caminando con dificultad y atrás deja a su abogada frustrada, sin saber cómo responder a su clienta.
Carmen Bargiela, letrada del bufete Toro en Madrid nos cuenta las dificultades que están teniendo los abogados. 150 000 profesionales que apenas están cobrando minutas desde que comenzó la huelga. "Cobras cuando hay juicio, si se suspende, no cobras", explica. Su enfado es enorme porque además llaman una y otra vez a los juzgados para saber si se anula su vista y no los avisan. Se desplazan, gastan dinero en hoteles, los clientes pagan peritos, billetes de avión, faltan al trabajo... Para nada.
El defensor de la Abogacía en el Colegio de Madrid, Javier Mata, relata uno de plantones judiciales que ha sufrido en la última semana: un cliente vino de Holanda y una docena de personas de todas partes de España. En total unos gastos de desplazamiento y pernocta de más de 5 000 euros. ¿Quién se hace cargo de esto?, le preguntamos. Nos explica que en teoría serían reclamables a la administración, pero claro, habría que interponen otro recurso más. Los ciudadanos, dice, han perdido del todo la fe en la Justicia y con esta huelga los efectos serán irreparables: los juicios se van a señalar para 2024 o 2025. "Es como una caravana de vehículos". La avalancha de suspensiones por la huelga es el mayor atasco judicial en los últimos años.
En solo 40 días ha habido más de 230 000 juicios y actos judiciales suspendidos, 340 000 demandas paralizadas y más de 810 millones de euros congelados en los Juzgados.
Una huelga con miles de afectados silenciosos que están muy perjudicados económica y psicológicamente. En Sevilla, David se lamenta de la suspensión de su juicio por divorcio porque hace dos meses que no ve a sus dos hijas pequeñas. Y suspira por no llorar ante la cámara... "Lo peor es la incertidumbre, no saber cuándo va a acabar esto".
Hay muchas familias afectadas, incluso pensiones de alimentos embargadas a progenitores que no pagan bloqueadas en los Juzgados. "Y eso no se puede consentir, pero se consiente. Alguien debería decirles que hay procesos en los que no se puede hacer huelga porque dejamos a los niños desamparados", se indigna Carmen de la Haza, abogada de familia del despacho AFS.
Los efectos de esta huelga no respetan ni los casos más graves, como el del asesinato de Romina Celeste, descuartizada presuntamente por su marido. Por un error judicial fue liberado sin celebrar el juicio, al cumplirse 4 años de su prisión preventiva y ahora la familia de la víctima y su abogada, Emilia Zaballos, ven desesperados cómo el proceso vuelve a dilatarse por la huelga de letrados. "Llevamos un mes más de retraso. Tenemos un asesino con alto riesgo de fuga y con una gravedad de poder repetir los hechos con otras víctimas. Los perjuicios por sus huelgas son irreparables", afirma rotunda Zaballos.
Ignacio Palomar, director de Servilegal Abogados, habla con nosotros en una mañana en la que le han suspendido sus dos juicios. Explica que con esta huelga indefinida entran en conflicto dos derechos fundamentales, el derecho a la huelga y el derecho a la tutela judicial efectiva, y tiene claro cuál debe prevalecer: "No se puede seguir frenando el acceso de los ciudadanos a la justicia y secuestrando lo más básico de nuestra sociedad, porque sin justicia no hay derechos".