Novedades en el caso de la presunta violación cometida por el futbolista brasileño Dani Alves la noche del pasado 30 al 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Su abogado, Cristóbal Martell, ha insistido en que el examen psicológico que se realice a la víctima, una joven de 23 años, sea grabado y cuente con la presencia, además, de un perito de parte pagado por el deportista encarcelado.

La jueza que instruye la causa ordenó realizar el examen psicológico a la víctima para valorar las secuelas. Ahí es cuando la defensa de Dani Alves pide que, en esa prueba, esté presente un perito de la defensa y que todo quede registrado en grabaciones.

La magistrada, ante esta petición, ha aceptado que en la prueba psicológica esté el citado perito, pero sin que se grabe, algo a lo que ahora la defensa del futbolista brasileño ha recurrido. Ahora, las partes están a la espera de la resolución de ese recurso.

La defensa de deportista de 39 años, acusado formalmente de agresión sexual, pretende aumentar la presión y se centra en intentar demostrar una "distorsión narrativa" en el relato de la víctima. Por ello ha exigido estas condiciones en el examen psicológico.

Esta estrategia vuelve a poner en duda de nuevo la veracidad de las palabras de la víctima, que sigue en tratamiento psiquiátrico desde lo ocurrido en la discoteca 'Sutton' de Barcelona. La defensa de la joven asegura que tiene miedo por la posibilidad de que se desvele su identidad. Creen que lo que pide Martell produce una "revictimización" de la mujer.

El exjugador de FC Barcelona, Sevilla FC, Juventus o PSG, entre otros, ya sabe que su juicio se celebrará este 2023, si todo sigue el plazo propuesto. El futbolista de Juazeiro (Bahía) continúa en la cárcel de Brians II después de que la Audiencia de Barcelona desestimaran el recurso de apelación que presentó su defensa para quedar libre.

El alto riesgo de fuga, su contradicción en las versiones (hasta tres, pudiendo ser cuatro) y los altos indicios de culpabilidad (los análisis de ADN y las numerosas declaraciones de testigos) provocaron que el brasileño siga en prisión hasta el juicio. La Fiscalía pedirá una condena severa por "un delito de agresión sexual con penetración del artículo 179 del Código Penal que tiene prevista una pena entre cuatro y 12 años de prisión". No obstante, se tendrá en cuenta el presunto abuso de autoridad de haber forzado a la víctima, por lo que se enfrentaría a entre ocho y 10 años de cárcel.