Un colegio de Aranjuez, en Madrid, ha sido condenado al pago de 10.000 euros por no proteger a una alumna del bullying que sufrió durante al menos dos cursos. La madre, Sandra, interpuso una demanda contra el centro educativo alegando que la menor había sido víctima de acoso escolar con un componente racista desde octubre de 2012, cuando cursaba infantil con 5 años, hasta junio de 2018, cuando se le cambió de colegio. Un tema que por desgracia está de actualidad tras el horrible caso de las gemelas de Sallent, en Barcelona.

Fue en tercero de primaria cuando Verónica, que hasta entonces había negado los malos tratos, no pudo más y rompió su silencio. Abrazó a su progenitora y, entre lágrimas, le confesó que no quería volver al colegio. La aislaban y recibía insultos racistas a diario como "eres negra", "negra de mierda" o "hija de puta". Según se relata en la sentencia, también hubo agresiones físicas puesto que algunos compañeros le pegaban "tirones de pelo muy fuertes". Unos casos de bullying que se multiplican entre las personas con discapacidad.

Lo primero que hizo esta madre fue informar al colegio, pero nunca se activó el protocolo de acoso escolar, ni siquiera cuando descubrió una alarmante carta dentro de un libro. "Me había hecho unos corazones y escribió 'mamá, lo siento no puedo con mi vida. Me tiro por el balcón'", relata Sandra, añadiendo que "esa semana hice de tripas corazón y se lo conté a la tutora. Lo único que hizo fue decirme 'qué fuerte'".

Su demanda se dirigió contra el colegio y contra los responsables del centro docente y de la Inspección de Educación de la zona, a quienes reclamaba no solo una compensación económica sino también que pidieran disculpas personalmente a la menor y a su madre por no haber cumplido con la diligencia, la vigilancia y el cuidado al que están obligados como responsables de los alumnos.

El colegio recurrió argumentando que actuó de manera inmediata y continuada y que puso todos los medios para verificar los supuestos hechos, prevenir y detectar situaciones futuras. Al respecto, la sentencia menciona las constantes comunicaciones y reuniones entre la madre y el colegio así como el informe del orientador.

Los demandados negaron que se hubiese producido acoso escolar de índole racista, habiendo actuado con toda la diligencia, abriendo el protocolo de acoso escolar y cerrándolo después de no encontrar prueba alguna de ello.

No obstante, la Audiencia de Madrid señala que "las medidas adoptadas no fueron proporcionadas a las circunstancias del caso, estando ello motivado por la calificación que hace el centro educativo como conflicto entre iguales, en lugar de acoso escolar". 

Así, adoptó medidas de carácter preventivo que "se han revelado insuficientes a la vista de la persistencia de las señales de alarma que enviaba la menor" en forma de "lloros o aislamiento" y, como ejemplo, cita el episodio que se describe en el diario del aula de marzo de 2017, con un evidente componente de índole racista, meses después de implementarse estas medidas.

Sandra apunta que su hija "tiene ya 15 años y me dice 'no sabes todas las cosas que me han hecho'. Es un tema tabú todavía para ella, no quiere hablarlo". Además, subraya que "me imagino que, el día de mañana, ella ayudará a los demás también".