Un colectivo formado por más de 40 familias se ha unido para presentar una denuncia conjunta contra una enfermera del ambulatorio de Cabieces en Santurce, Vizcaya, investigada desde octubre de 2022 por, supuestamente, simular la vacunación de sus hijos.

Según el abogado Aitzol Asla, representante de estas familias, el objetivo de esta denuncia es lograr que la sanitaria deje de trabajar y evitar que pueda repetir su proceder. Concretamente, son 42 familias las que forman parte de esta acción legal contra la enfermera, si bien el letrado cree que serán más las que se sumen cuando se enteren de la iniciativa.

Los hechos se remontan al pasado octubre de 2022. Fue entonces, cuatro meses atrás, cuando padres y madres de varios menores atendidos por la enfermera en cuestión comunicaron al sistema de Osakidetza su sospecha ante comportamientos que consideraron extraños en la sanitaria, que solía hacer "comentarios antivacunas" y actuaba "con rapidez" y "de forma precipitada" con la jeringa cuando debía administrarles las dosis del calendario infantil obligatorio de vacunas.

Ello motivó que la Consejería de Salud del País Vasco iniciase una investigación sobre si pudo inocular o no las vacunas a niños de la localidad. Además, se trataba de vacunas importantes, como la hexavalente, que protege de seis virus diferentes, entre ellos lo de enfermedades tan graves como la difteria, el tétanos, la poleomelitis o la hepatitis B.

En consecuencia, el servicio de pediatría de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces inició un proceso de investigación para esclarecer los hechos y realizó pruebas serológicas a algunos de los niños a fin de detectar la presencia de anticuerpos en su organismo.

De este modo, llamaron a unas 50 familias para explicarles los resultados de los análisis practicados a sus hijos y les propuso "una dosis adicional para lograr una correcta vacunación" para los niños que no tenían "unos niveles adecuados de anticuerpos".

En este sentido, Osakidetza abrió un expediente informativo a la enfermera y amplió la investigación a los 400 incluidos en el cupo de pacientes.

Ahora, mientras el proceso continúa esta denuncia conjunta encabezada por 42 familias se ha interpuesto ante los juzgados de Instrucción de Barakaldo por los presuntos delitos de falsificación de documentos, porque rellenaba el calendario de vacunas del menor con la dosis correspondiente cuando no se la había inoculado, y por malversación de fondos, ya que tiraba las vacunas no usadas.

En este sentido, tal como recoge EFE, la denuncia sostiene que la enfermera “utiliza incorrectamente el material suministrado por Osakidetza -y abonado con fondos públicos- ya que no lo destina para el uso para el que fue comprado sino que en vez de inocular la dosis a los niños, echa a la basura la jeringuilla con la respectiva dosis en el interior, desperdiciándola y causando un claro perjuicio patrimonial a la Administración.

"Si bien es cierto que desconocemos con exactitud cómo fue la mecánica exacta que hizo la enfermera para dejar constancia de la inoculación en el sistema de Osakidetza, intuimos que ésta, una vez simulada la inoculación, introdujo en el ordenador con su identificación que el paciente X había sido vacunado con la dosis X", sostienen, indicando que así lo reflejaba en el calendario de vacunas del menor.

A este respecto, el abogado que representa a las familias ha indicado que, en función de lo que se vaya conociendo con la investigación, podría ampliarse la denuncia.

Tras quedar registrada, el Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo ha citado a las familias personadas entre el 6 y el 22 de marzo para que presten declaración y ratifiquen su denuncia.

Por su parte, y en el seno de esta instrucción penal, la jueza ha citado el 4 de mayo a declarar a la enfermera en calidad de investigada.

Según los progenitores de los menores afectados, "es evidente que la falta de inoculación de las vacunas previstas en el sistema ordinario puede llegar a suponer un problema de salud pública, además de la comisión de delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos".

Por ello, tal como expone el abogado, buscan “que se le quite su número de colegiada impidiendo así que la citada profesional siga ejerciendo su labor, ante la gravedad de lo denunciado y que Osakidetza admita su responsabilidad en estos hechos que, al perecer, llevaban tiempo produciéndose".