La información obligatoria previa al aborto: la clave que enfrenta a políticos y miembros del Constitucional

La información previa obligatoria dada a la mujer que quiera abortar centra el debate. No solo Vox exige que sea imperativo para los médicos de Castilla y León. El mismísimo Tribunal Constitucional también baraja la posibilidad de que se amplíe o incluso se dé verbalmente, y no en sobre cerrado como se realiza ahora por ley, en la deliberación que tiene pendiente sobre la ley de 2010, vigente en la actualidad.

La información obligatoria enfrenta a las distintas sensibilidades e incluso suscita dudas sobre si se ajusta o no a la ley de la autonomía del paciente. Norma que indica que éste "tiene derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma (...) y tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informado".

¿Es legal entonces informar a una mujer que quiera abortar de las ayudas disponibles a la maternidad o de los procesos de adopción? Desde luego, "no procede", ya no digamos ofrecerle escuchar el latido, indica a NIUS Emilia García Mediavilla, psicóloga de la clínica Buena Vista, uno de los centros de referencia para la interrupción del embarazo en Asturias y en León. De hecho, a pesar de que el asunto está en el Tribunal Constitucional, la nueva ley propuesta por el Gobierno ya no contempla esa entrega de información obligatoria en sobre cerrado como requisito previo para que las mujeres puedan abortar pasados los tres días.

Según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, "todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente".

Pero además de esta información, en la que se detallan todas las posibilidades para la interrupción del embarazo, la mujer recibirá un sobre cerrado con los siguientes datos:

Información en sobre cerrado que se da a la mujer junto a un documento acreditativo de la fecha de la entrega de forma que, transcurridos tres días, podrá proceder a la interrupción del embarazo. La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada reglamentariamente por el Gobierno, indica la ley.

En un país con la Sanidad transferida, son las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma las que deciden qué tipo de información se da a las mujeres en esos sobres cerrados. Así que en cada comunidad se ofrece una información diferente, evidenciando la inequidad del aborto en España. "Hay comunidades como Asturias o Andalucía en donde ofrecen facilidades e información bien detallada, pero también hay regiones como Castilla y León o Madrid, donde se intenta obstaculizar el proceso remitiendo a las mujeres a las mal llamadas asociaciones provida”, indican a NIUS desde ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.

"En León, por ejemplo, no se informa de nada que tenga que ver con el proceso quirúrgico o farmacológico y simplemente se detallan las ayudas públicas a la maternidad y los centros de red madre", constata la psicóloga Emilia García Mediavilla. "Están intentando hacer política de un asunto que es estrictamente sanitario". "Son las propias mujeres las que solicitan la información que requieren, entonces, ¿por qué se les da una información que no han pedido o no es pertinente? La cuestión es que no se considera a la mujer como una persona adulta y responsable, y se intenta obstaculizar al máximo la decisión", asegura la experta.

Según los especialistas en la interrupción del embarazo, la gente "está poniendo el grito en el cielo" con lo que está ocurriendo en Castilla y León, pero en comunidades como Madrid las mujeres son sometidas a presiones todavía más evidentes como permitir la apertura de una asociación contraria al aborto frente a una de las clínicas más conocidas para interrumpir el embarazo, o las ambulancias “provida” que apelan a las embarazadas que asisten a estos centros para que se hagan una ecografía antes de abortar.

Todo tipo de coacciones en un momento de "especial vulnerabilidad" para ejercer un derecho reconocido por la ley, subraya García Mediavilla. La regulación del aborto, explica la psicóloga, hizo en su día ciertas concesiones para lograr su aprobación, como el plazo de tres días o la información obligatoria previa. Cuestiones que "no tienen ningún sentido", subraya, y que de hecho ya no están contempladas en la futura ley del aborto aprobada ya en el Congreso.

Según lo previsto, la nueva norma será votada en el Senado a principios de febrero. Una tramitación que puede coincidir en tiempo con la deliberación sobre la ley de 2010 en el Constitucional. Todo indica que el alto tribunal avalará la norma, aunque el sector más conservador intentará que la información previa siga siendo obligatoria e incluso esta sea aún más amplia y se realice de forma verbal.