Todavía no se ha dado a conocer el texto detallado de la propuesta, y el PP ya se ha desmarcado del plan, pero Vox insiste en que "ofrecerá" a las mujeres de Castilla y León una alternativa que “apueste por la vida y la natalidad”. Una práctica que, según el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, pasará por implementar ciertas medidas como el protocolo de latido fetal o la ecografía de alta resolución. ¿Cómo? Supuestamente, haciendo que sean los propios médicos los que informen de esas alternativas a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

El rechazo de los sanitarios consultados por NIUS ha sido mayoritario. El presidente de los ginecólogos de Castilla y León ya ha anunciado que se opondrán a unas prácticas que no tienen base científica y que, de hecho, pueden lesionar el corazón embrionario. "No se le puede obligar a un ginecólogo que ponga en el ecógrafo el latido", asegura Javier Martínez-Guisasola, porque, entre otras cosas, no se sabe si la alta energía de la técnica empleada, el doppler pulsado, puede dañar un embrión de menos de 12 semanas. Tampoco hay base científica, apunta, para hacer una ecografía de alta resolución.

El especialista confía en que "la propuesta que está siendo objeto de debate" no se implemente sin haberla consultado antes con los sanitarios. Aunque por ahora no lo han hecho con los ginecólogos castellanoleoneses que, aseguran, se han enterado por la prensa. Tampoco con el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de esta comunidad autónoma que, por el momento, prefiere no pronunciarse sobre la polémica y evita hacer declaraciones como colectivo.

Se ha vuelto a hacer un "uso político" de un asunto que debería ser tratado con criterios estrictamente sanitarios, declara a NIUS Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). "Todos los derechos fundamentales, como son la salud o la atención sanitaria, deben estar por encima de la política o de las ideas personales de los gobernantes. No puede ser que en Castilla y León exista una norma, en Cantabria, otra; y otra distinta en Madrid, en base a los criterios morales o éticos de los gobernantes de turno, debemos estar por encima de eso, debemos evitar las inequidades", apuesta Lorenzo Armenteros, responsable del grupo de trabajo de salud de la mujer de la SEMG.

Si la propuesta del Gobierno castellanoleonés prosperara, reconoce el doctor, España empezaría a parecerse a Estados Unidos, donde cada estado dispone de políticas frente al aborto completamente distintas. En todo caso, señala, "aún sin conocer el texto literal de la norma propuesta, todo aquello que contemple la palabra obligación, iría en contra del derecho a la información que contempla la ley, porque el derecho a la información nunca puede ser obligatorio, sino que se debe respetar la voluntad de la persona a no ser informada. Si la persona lo tiene claro, el médico no puede informarle de más alternativa de la que solicita".

Según el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales, no se puede estar de acuerdo "en absoluto" con ninguna propuesta que pase por la obligación y que encima no sea conforme a la ley de autonomía del paciente. Cuando una persona va al centro de salud buscando una interrupción voluntaria del embarazo, se entiende que lo que quiere es eso, por lo que "no es adecuado" explicarle primero las alternativas que tiene. "Primero se le da la información que solicita: los dispositivos, los plazos, lo que marque la ley, toda la información concerniente a su problema de salud o necesidad de atención sanitaria. A partir de ese momento, se le puede decir: si quiere, puedo explicarle las alternativas e informarle, pero si no quiere recibir esa información está en su derecho, porque hay que respetar la voluntad de no ser informado. Este es el punto 1 del artículo 4 de la ley que regula la autonomía del paciente".

Además, añade Armenteros, la propuesta de Castilla y León parece completamente contraria a la nueva ley del aborto que ya está en fase parlamentaria y que da una "facilidad absoluta" a aquellas personas que quieran interrumpir su embarazo de forma voluntaria.

Las fuentes sanitarias consultadas por NIUS son mayoritariamente contrarias a la propuesta de Vox en Castilla y León, aunque también hay profesionales que apoyan estas medidas. Rufino García-Otero, ginecólogo de la clínica Embryocenter, en Sevilla, considera que los médicos no tienen que convencer, sino informar, aunque "es verdad que cuando una persona es joven y no tiene la suficiente madurez para saber lo que está haciendo, en la moral del médico está de alguna forma poder informarla un poco más de las consecuencias y de que debe pensar muy mucho lo que va hacer", señala.

Por ello, el doctor García-Otero se dice "totalmente convencido de que una persona que ha tomado esa decisión debe escuchar el latido del hijo que lleva en su vientre y saber que lo que está haciendo no es un tema banal". Es una decisión que "puede tener consecuencias morales también para ella". Además, concluye, "me parece bien, apoyar a la mujer gestante en un país donde hace falta que nazcan niños".

Una postura que no coincide con la Miguel Melguizo Jiménez, Médico de Familia en el Centro de Salud de Almanjáyar (Granada) y experto en bioética. El facultativo considera que a las mujeres embarazadas no se les puede tratar como a ciudadanos de segunda y eso es lo que pretende la propuesta de Castilla y León, advierte. "Las mujeres que toman una decisión tan compleja están lo suficientemente capacitadas, son lo suficientemente maduras, como para no necesitar ningún tipo de tutelaje. Creo que son desafortunados los mecanismos de intimidación emocional como proponer oír el latido fetal o las ecografías de alta resolución. Eso supone limitar la capacidad de decidir de la mujer embarazada". 

Lo propuesto por el Gobierno de Castilla y León "no es nada ético", coincide Norbert Bilbeny, catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona. "Es una medida improcedente e innecesaria que pretende influir sobre la persona que va a abortar, que debe estar informada, pero sin que ello suponga ningún tipo de persuasión. Hay que decidir siempre convencidos, nunca persuadidos, y menos las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad", sentencia el experto.