Tras un diciembre con cifras récord de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y un enero que sigue la misma estela, el Ministerio del Interior ha puesto dos medidas contundentes sobre la mesa. La primera, duplicar el número de pulseras telemáticas para los maltratadores, y la segunda, controlar a aquellos que sean agresores persistentes para prevenir a sus actuales parejas antes de que sea demasiado tarde.

El objetivo del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska es incrementar el control telemático a los agresores de violencia de género en aquellos casos de "riesgo relevante" para la vida de la víctima o de sus hijos dependientes, es decir, donde existe un riesgo letal. En España, actualmente estos casos ascienden a unos 7.500 - de ellos, 6.805 tienen nivel de riesgo medio; 640, de riesgo alto, y 11, de riesgo extremo-. Para cubrir todos (hay que descontar aquellos en los que el hombre está en prisión preventiva) sería necesario más que duplicar el número de pulseras, teniendo en cuenta que a finales de noviembre había 3.015 de estas activas.

El otro reto supone controlar el comportamiento vielento de los agresores en el pasado. Seis de los asesinos de las mujeres muertas por violencia machista en 2022 –en total murieron 49- habían maltratado anteriormente a otra pareja y tenían antecedentes por ello, según la Fiscalía de Sala conta la Violencia sobre la Mujer. Se les había fichado, pero algo falló.

El hombre que asesinó a Elena y al bebé que llevaba dentro –estaba embarazada de nueve meses- en Escalona (Toledo) había sido denunciado por violencia machista en 2009 por otra mujer. También las parejas o exparejas de Ángela, en Albacete; Rebeca, en Bilbao, o Gema, en Madrid, a pesar de que sus perfiles estaban inactivos en VioGén, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género llevado a cabo por el Ministerio del Interior. Igualmente, en los casos más recientes de este enero, el de las mujeres asesinadas en Cádiz y Almería: sus supuestos agresores tenían antecedentes por violencia machista a otras parejas. 

“Es indudable que la existencia de comportamientos previos violentos con otras parejas es un factor que se tiene que tener en cuenta”, señalaba este miércoles en una entrevista con Mediaset la fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato. “No solo lo dicen los estudios científicos, sino la experiencia: cuando los agresores han mantenido comportamientos violentos con una pareja o varias, lo más probable es que se vayan a reproducir esos comportamientos violentos de control y de dominio. Y también sabemos que cuando están metidos en esa rueda de violencia y de dominación es más fácil que reiteren con mayor prontitud e incluso que sean violencias más graves", añadía.

Aunque este no debe ser el único factor ni el de mayor peso, la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer considera que esta circunstancia sí se debería de valorar a la hora de determinar el riesgo y las medidas que se tengan que acordar para proteger a las víctimas.   

En ello trabaja el Ministerio del Interior desde hace un tiempo: en estudiar la posibilidad legal de informar a las mujeres maltratadas cuando sus parejas tengan antecedentes por maltrato a otras mujeres. "La víctima es el centro de la protección, pero hay que poner el foco en el agresor", ha insistido Marlaska.

Pero, lo cierto es que se trata de un asunto delicado que no se puede llevar de forma “automática” ni “generalizada”, según la Fiscalía de Sala de Violencia Contra la Mujer. “Únicamente debiera realizarse una vez se concluya, tras el examen y valoración de las circunstancias particulares de cada caso, no solo que los referidos antecedentes suponen un factor de riesgo relevante, sino que comunicar esa concreta información a la víctima resulta necesario para prevenir, en ese supuesto concreto, la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección“, señalaba la fiscal de sala en una carta, fechada el pasado diciembre y dirigida a la responsable del Área contra la Violencia de Género de Interior, María Jesús Cantos.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la legislación vigente en materia de protección de datos, así como la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la posible colisión con el derecho a la protección de datos, de ahí que la fiscal Peramato defienda valorar caso por caso si se cumple “el principio de proporcionalidad”.

Ahora mismo el registro de maltratadores es reservado y solo se puede consultar en casos especiales o con mandamiento judicial o policial. “No se puede aprobar en un real decreto porque afecta a un derecho fundamental y vulnera el principio de intimidad y de reinserción, y eso solo lo pueden hacer las cortes judiciales. Entonces, como no hay ninguna ley que habilite al ministro a hacer pública esa información, no puede hacerlo", señala el catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Granada, Agustín Ruíz.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hablado sobre la propuesta de Interior para alertar a mujeres de que su pareja puede ser un maltratador persistente.  "Todo lo que vaya encaminado a proteger a las víctimas lo vamos a defender y poner el foco en los agresores es muy importante; tenemos que construir una dinámica social e institucional para que los maltratadores no vean normalizadas sus conductas", ha apuntado en una entrevista en la Cadena Ser.