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Quedan dos días para que entre en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en muchos municipios de España. A partir del 1 de enero, muchas ciudades del país tendrán que implementar planes anticontaminación que consigan rebajar los niveles de gases y partículas dañinas para la salud.
"No llegamos a tiempo, a pesar de que ya se sabe desde junio de 2021", asegura, May López, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible. "El 1 de enero, más del 80% de los municipios que deberían activar su ZBE, no podrán, aunque sin duda, están trabajando en ello y, estoy segura de que a lo largo del 2023 publicarán sus medidas".
El real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, incluye medidas como restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo, la bicicleta o el transporte público y los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
La ZBE es un área delimitada por una administración pública que restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Su aplicación queda dentro del ámbito jurisdiccional de cada consistorio, que debe establecer las pautas y limitaciones a la circulación en función a criterios de emisiones.
Para ello la DGT les ha dotado de mecanismos normativos como las etiquetas medioambientales que clasifican a los coches en función de las emisiones.
A partir del 1 de enero, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021 por el Gobierno, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados, a tener áreas de circulación restringida para los vehículos contaminantes. .
Esto tendrá implicaciones para un total de 149 municipios del país, los cuales suman más de 24 millones de habitantes, es decir, el 52% de la población española.
Para los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes tendrán que aplicar medidas destinadas a rebajar los índices de contaminación siempre que se superen los valores de calidad del aire regulados por las normativas españolas y europeas. "En base a la evolución de los índices de contaminación, podría aumentar el número de municipios de más de 20.000 habitantes que tengan que implantar ZBE", comenta López.
Más del 80% no podrán establecer la ZBE el 1 de enero. "Eso sí, aunque para 149 es obligatorio por ley implantar estas zonas, han sido 170 municipios los que han solicitado las ayudas, pero menos del 20% de los municipios están preparados en estos momentos para llevarlo a cabo. Creo que a lo largo de 2023 irán sumándose más municipios, principalmente, porque esos 170 que solicitaron las ayudas deben justificarlas", explica la experta.
Actualmente, estas son las ciudades y municipios con Zonas de Bajas Emisiones activas:
Aunque el Ejecutivo no establece qué vehículos tendrán prohibido el acceso y da margen a los ayuntamientos a adaptarse a la norma, sí establece unas directrices para implementar estas áreas libres de emisiones que siguen una senda progresiva: instaurar un transporte sostenible y libre de emisiones en las ciudades de cara a 2050.
Afecta especialmente a los vehículos sin etiqueta. Ahora mismo hay circulando en España 10 millones de vehículos sin etiqueta, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Hay otros 10 millones con etiqueta B y cuatro millones con etiqueta C.
"Aunque hay unas directrices comunes, determinar qué tipo de vehículos podrán o no acceder a las ZBE dependerá de lo que establezca cada ayuntamiento siempre y cuando lo justifiquen. Además, la Ley de Movilidad ha dado la opción de poder cobrar una tasa de acceso a esas ZBE, luego no todos tendrán que prohibir el acceso, algunos pueden decidir cobrar a los vehículos por entrar a esas zonas", explica la experta en movilidad.
Las ciudades deberán establecer un perímetro, o varios, de la ciudad en los que el acceso en coche quede restringido dependiendo de las etiquetas ambientales. Así, estas zonas deberán estar señalizadas correctamente por un logotipo que ya ha sido aprobado por la Dirección General de Tráfico, el cual deberá permitir conocer a los ciudadanos cuándo están entrando o saliendo del espacio libre de contaminación.
Con respecto a los objetivos de mitigación del cambio climático, el Real Decreto aprobado señala que los municipios tendrán que diseñar un calendario para registrar cómo evoluciona la calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. Además, tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y que sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción del uso del vehículo privado de motor frente al resto de modos de transporte.
En caso de que se cumpla con los límites de contaminación, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como por ejemplo los que prestan servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras.
Si la evolución es desfavorable, es decir, si las estaciones de medición incluidas dentro del perímetro anticontaminación no mejoran la calidad del aire, el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones contempla que, los ayuntamientos deberán adoptar medidas adicionales con un nuevo calendario para su cumplimiento.
El Real Decreto incluye un régimen sancionador que incorpora un periodo transitorio de cuatro años para la adaptación a la nueva norma de los proyectos de ZBE establecidas con anterioridad a su entrada en vigor.
Por otro lado, la DGT establece una sanción de 200 euros por el incumplimiento de la normativa, recogido en el artículo 15 del régimen sancionador. "En el supuesto de que no se respeten las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de las ZBE, conducta constitutiva de la infracción tipificada como grave en el artículo 76 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, será de aplicación el régimen sancionador previsto en el título V de dicha norma".
El principal objetivo es mejorar el aire. La lucha contra la crisis climática y la necesidad de reducir las emisiones de efecto invernadero que calientan el planeta y se originan en el sector del transporte, que genera en España el 25% del CO2 liberado a la atmosfera cada año.
"También reducir los gases tóxicos y partículas nocivas que salen del tubo de escape y que generan problemas en la salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), expone que cada año se producen casi 20.000 muertes prematuras en España por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire y en torno a 12.000 por contaminación acústica, dos de los grandes problemas vinculados al tráfico rodado. De hecho, el transporte es responsable de alrededor del 40% de la mala calidad del aire en entornos urbanos." explica López.