Las incógnitas sin resolver del caso de ‘la cabeza de Castro Urdiales’

La Audiencia Provincial de Cantabria juzga desde el lunes el llamado caso de ‘la cabeza de Castro Urdiales’. En el banquillo se sienta Carmen Merino, acusada de decapitar al que entonces era su novio Jesús Mari Baranda. Habría guardado el cráneo del hombre en casa de una amiga. Fue en 2019. Se enfrenta a 25 años de prisión por un crimen que los investigadores sospechan que estuvo motivado por un afán económico. Sobre el caso, quedan dudas sin resolver que tal vez se diriman durante este proceso judicial, por ejemplo: ¿dónde está el cuerpo de Jesús Mari Baranda, que no ha aparecido en estos tres años? ¿por qué Carmen no se deshizo de la cabeza de su novio y decidió guardarla en una caja y pedirle a una amiga que la custodiara? 

El juicio a Carmen Merino, que lleva tres años en prisión provisional y se enfrenta a 25 años de cárcel por el asesinato de Jesús María Baranda, se inicia el lunes 7 de noviembre a las 10:00 horas con su declaración y se extenderá hasta el el 18 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Los días 8, 9 y 10 declararán los testigos propuestos por la Fiscalía, la acusación y la defensa. Entre ellos se encuentra la vecina a la que Carmen Merino entregó la caja y los trabajadores de la ambulancia que atendieron a esa mujer tras sufrir un ataque de ansiedad al descubrir la cabeza. También declararán como testigos la limpiadora de la casa de la acusada y varios familiares y amigos de Jesús Mari.

La acusada, que tiene ahora 64 años y nació en Sevilla, se trasladó hace años a Castro Urdiales (Cantabria), donde conoció a Jesús María, un vizcaíno, exempleado de banca, de 67 años, que residía también allí. En febrero de 2019, Jesús Mari desapareció, pero la presunta asesina justificó que estaba de vacaciones y proporcionó a sus familiares otro número de teléfono con el que localizarle. Las respuestas en forma de mensaje no convencieron a la familia, que denunció la desaparición el mes de abril.

En septiembre, tras meses de búsqueda sin resultado, la Guardia Civil avisó a Carmen de que registrarían su casa y fue entonces cuando esta llevó una caja a la casa de su amiga para que se la guardase. Le dijo que se trataba de juguetes sexuales y le daba vergüenza que los agentes los encontrasen durante el registro. Sin embargo, esta comenzó a desprender un fuerte olor que alertó a la mujer. Avisó a la Benemérita y, al abrirla, los agentes hallaron el cráneo del hombre desaparecido desde hacía meses.

El día después, Carmen Merino fue detenida y desde entonces permanece en prisión provisional en la cárcel de El Dueso, en Santoña. Se ha negado en varias ocasiones a declarar ante el juez. En los interrogatorios, defendió su inocencia, declarando que se encontró la caja en la puerta de su casa y que la conservó porque era lo único que le quedaba de Jesús Mari.

Por su parte, una trabajadora de la limpieza declaró que en los días posteriores a la desaparición de Jesús Mari, Carmen Merino le mandó tirar bolsas de basura que pesaban. Se desconoce si tenían el cuerpo de Jesús Mari, que no ha aparecido. Solo se ha podido realizar la autopsia del cráneo, que ha confirmado la presencia de somníferos.

La Fiscalía, que pide 25 años de cárcel para la acusada, considera que Carmen Merino, "movida por un interés económico", urdió un plan para acabar con la vida del que era su novio ya que el testamento estaba a favor de Carmen Merino y días antes había extraído 12 000 euros de la cuenta bancaria.

Añade que planeó el crimen para cometerlo en el interior del domicilio y así evitar la presencia de terceras personas, además de suministrar al hombre un fármaco sedante para adormilarle. Además, pide una indemnización de 20 000 euros por daños morales para cada uno de los cuatro familiares de la víctima (los dos hijos, el hermano y el primo).

La acusación particular, que representa a los dos hijos del hombre, coincide con la Fiscalía en la petición de pena, y en concepto de responsabilidad civil solicita que la acusada indemnice a sus dos representados con 70 000 euros.

La defensa pide la declaración de no culpabilidad de la acusada y su libre absolución, al considerar que no es autora de delito alguno.