La acusada de decapitar a su marido en Castro Urdiales “cobra 400 euros de pensión más 300 por ser víctima de violencia de género"

La Audiencia Provincial de Cantabria ha dado inicio al juicio por el conocido como ‘caso de la cabeza de Castro Urdiales’, por el que Carmen Merino, de 64 años, se sienta en el banquillo como acusada de decapitar a su marido, Jesús Mari Baranda. Su cuerpo, más de tres años después del 2019 en que se contextualizan los hechos, no ha aparecido nunca. Solo apareció su cráneo. Estaba en el interior de la caja que una vecina custodió durante seis meses después de que, según la acusación, Merino se lo entregase, algo que ella niega afirmando que dentro solo había “juguetes sexuales”.

Envuelto de una gran expectación mediática que no es ajena a los letrados, el abogado de la acusada ha señalado que este es un juicio “muy complicado” en el que cree además que la defensa no podrá demostrar “tres cosas esenciales: ni cuándo murió Jesús Baranda, ni dónde murió Jesús Baranda, ni cómo murió Jesús Baranda".

Así lo afirma Ezequiel García Peña, quien subraya que “para discutir que alguien mató a alguien lo primero que tenemos que tener claro es que alguien ha sido asesinado”.

"Tú le puedes cortar a alguien la cabeza y que eso no sea un asesinato". "Clavar un cuchillo a alguien que ya está muerto no es un asesinato. Descuartizar un cuerpo y decapitar un cadáver no es un delito de asesinato, será otra cosa", ha subrayado, destacando que “los médicos no saben la causa de la muerte” tampoco.

Además, sostiene que su clienta lleva tres años en prisión provisional porque el juez, –a su parecer de forma errónea–, entendió que había riesgo de fuga, ante lo que ha apuntado: “Carmen cobra una pensión de 700 euros mensuales: 400, más un incremento de 300 euros por ser víctima de violencia de género de su primer matrimonio”; un dato que ha apartado para cuestionarse dónde o cómo podría fugarse.

Las incógnitas en el caso de la cabeza de Castro Urdiales

Sin la aparición del cuerpo, son muchas las incógnitas, entre ellas otra que la defensa utiliza como estrategia para intentar hacer que Carmen Merino no decapitó a su marido: el hecho de que el cráneo apareciese en una caja custodiada por la vecina, Carmen Mendoza.

Según la acusación, Merino la engañó cuando la Guardia Civil iba a registrar su domicilio tras meses de búsqueda sin éxito y sin pistas sobre el paradero de Jesús Mari Baranda. Presuntamente le dijo que tenía unos juguetes sexuales y le daba vergüenza que los agentes los encontrasen en la inspección por la desaparición de su pareja. Según la defensa, cabría hacerse distintas preguntas sobre ello: “Tuvo el cráneo en una caja durante seis meses. En su casa y en su armario. Cuando venga aquí nos lo tendrá que explicar. Nadie registró la casa de Carmen Mendoza”, dice el letrado de la acusada.

En este sentido, añade: “Nadie miró esa casa. Nadie miró si había huellas. Nadie miró si había sangre. Nadie miró en el armario de al lado. Nadie miró en el cajón de debajo. ¿Para qué, si ya hemos titulado que Carmen Merino decapitó a su marido y le mató? ¿Para qué hace falta registrar, por ejemplo, la casa de ese testigo que reconoce, veremos a ver qué dice aquí, que tuvo el cráneo durante seis meses en su casa?”, se ha preguntado, dejando clara de este modo su estrategia.

Además, el abogado incide en que tampoco se registró otra casa del fallecido, que había heredado de sus padres, estaba vacía y que comparte con otro testigo.

Más allá, la propia Carmen Merino, quien ha negado tajantemente que en la caja entregada a su vecina estuviese dentro la cabeza de su marido, ha apuntado, al ser preguntada por su letrado por la relación de esta última con su marido, que “hubo un pequeño problema” a ese respecto, afirmando que ella “le tiraba los tejos” y él se sentía “incomodado”, llegando a pedir “no salir con ella” cuando iban todos los amigos juntos.