Dos de los atracadores tienen un cometido fácil, o eso parecía. Ir al bazar chino a comprar los utensilios necesarios para robar días después la joyería Roselín, del centro comercial de La Gavia, en Madrid. Pasamontañas, guantes, mazas para romper las estanterías, bolsas de rafia para guardar el botín… Cinco ejemplares de cada. Y cometen un error. Por si la compra no llamaba suficiente la atención, uno de los cacos se pone los recién adquiridos guantes para introducir la compra en la bolsa y no dejar huellas. La actitud levanta las sospechas de un ciudadano anónimo que, inteligentemente, llama a la Policía. Imágenes que la Policía comienza a estudiar con detalle.

En paralelo, la Policía recibe la llamada de compañeros de Sevilla porque el jugador de fútbol del Sevilla, Lucas Ocampos ha denunciado el robo de su vehículo de lujo. Los agentes quieren localizarlo y lo hacen en una finca de Fresno de Torote, en Madrid, que de inmediato comienzan a vigilar. Los investigadores se percatan de que entran y salen conocidos atracadores a los que tienen más que fichados. Pero aún no saben qué planea la banda… Apenas unos días después, se produce el robo de La Gavia y en él precisamente utilizan el coche robado al futbolista. El Grupo 1º y 2º de Robos de la Comisaría General de Policía Judicial y el Grupo de Atracos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid atan cabos y los investigadores se dan cuenta de que están ante la misma banda: cuatro delincuentes con un amplio historial delictivo.

Todos son españoles. Algunos empezaron a delinquir en los años 90, viejos conocidos de la Policía, con 128 antecedentes policiales pero con escaso cumplimiento de las penas en prisión. Logran detener a dos de ellos que la jueza, gracias a la labor policial y al abultado historial delictivo, envía a prisión provisional. Otro de los integrantes se presenta en el juzgado días después del arresto de sus compañeros y la juez lo deja en libertad con cargos. Y el cuarto caco, que sigue en busca y captura. La noche en que la magistrada libera a su compañero, se van los dos a celebrarlo a una discoteca de Madrid y cuelgan en sus redes sociales una fotografía. En ella se ve al delincuente dedicándole una “peineta” a los policías.

No es un caso aislado. Esta impunidad es un problema habitual del que se quejan víctimas y policías. Los jueces, si no hay heridos o fallecidos, si se trata de delitos contra el patrimonio suelen dejar a estos delincuentes en libertad con cargos a la espera de juicio. Y los juicios se demoran a veces, años. Según Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, las sentencias pueden tardar hasta 7 años. Si el acusado las recurre, el plazo aumenta. También se producen dilaciones porque los delincuentes no se presentan a juicio. Una realidad que desmoraliza a guardias civiles y policías que detienen una y otra vez a los mismos delincuentes. Según Interior, 8 de cada 10 presos no vuelven a delinquir tras cumplir su condena de cárcel. El problema es cuánto tardan en ejecutarse las sentencias.