Las familias de las niñas de Aguilar de Campoo (Palencia) Virginia Guerrero y Manuela Torres, desaparecidas hace 30 años, han recurrido el archivo de la investigación ante el Tribunal Constitucional para saber qué les pasó a las dos menores, de 14 y 13 años, que fueron a Reinosa (Cantabria) y nunca regresaron a sus casas.

Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Palencia de confirmar el auto del Juzgado de Cervera de Pisuerga (Palencia) que acordó el archivo de las actuaciones para conocer lo que les pasó a Virginia Guerrero y Manuela Torres, la representación legal de las dos familias ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo es determinar si ha habido una vulneración de derechos fundamentales en la sentencia de la Audiencia Provincial que archiva definitivamente la causa, ha explicado a EFE el portavoz de las familias, Ramón Chippirrás.

"Creemos que se han vulnerado derechos fundamentales. Se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", ha añadido en declaraciones a EFE la abogada Carmen Balfagón, quien pide al Constitucional que tenga en cuenta la problemática que existe en España con las personas desaparecidas y “las lagunas legales” que existen sobre todo en el caso de menores desaparecidos.

"Confiamos en que el Constitucional admita la causa", ha afirmado la abogada apelando, de esta forma, a que las causas de personas desaparecidas tengan un amparo constitucional que ahora no existe y recordando que actualmente hay en España más de 5.000 denuncias activas de menores desaparecidos.

En concreto apunta a que el Tribunal Constitucional nunca se haya pronunciado sobre personas desaparecidas y a la necesidad de que la Justicia siga actuando hasta que se resuelvan todos los casos.

En el caso concreto de Manuela y Virginia el recurso se basa en el hecho de que durante la investigación reabierta en 2021 a raíz de una nueva línea de investigación, no se haya admitido ninguna de las diligencias planteadas por la representación de las familias y en "los errores" que según los abogados incurre la sentencia de la Audiencia Provincial.

Como ejemplo ponen la petición de que se volviera a inspeccionar la mina Fontoria (una mina de magnesita en Cantabria, donde se buscó en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil) y la Cueva Cervatos (un lugar cerca de Reinosa idóneo para ocultar los cadáveres según la propia investigación) para buscar restos biológicos de las niñas, usando las técnicas y los recursos que existen ahora y que no existían cuando se hizo tras su desaparición en 1992.

Además, recuerdan que el recurso al Constitucional abre la vía de Estrasburgo en caso de que no tuviera éxito en el Constitucional recordando que España está adherida al convenio de Naciones Unidas para buscar a personas desaparecidas.

Por ello ha insistido en que la representación legal va a seguir explorando las vías que tiene a su alcance ante lo que considera una clara indefensión de las familias de Virginia y Manuela y que no van a parar hasta saber qué les ocurrió a las niñas.

"Nuestra intención es seguir. Si no tenemos respuesta en España iremos a Estrasburgo", ha advertido Carmen Balfagón.

Manuela Guerrero y Virginia Torres desaparecieron el 24 de abril de 1992 cuando decidieron hacer auto stop para volver a Aguilar de Campoo (Palencia) desde Reinosa, donde habían ido a pasar la tarde.

Lo último que se sabe de las niñas es que pasaron la tarde en Reinosa, estuvieron en una discoteca y en un parque y se las vio haciendo autostop y subiéndose a un Seat 127 color blanco o crema.

En mayo de 2021, se reabrieron las investigaciones a raíz del testimonio de una mujer en un programa de televisión y un año después el Juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones asegurando que "no constaba autor conocido en la perpetración de los hechos objeto de denuncia".

Los abogados de las familias recurrieron el auto de sobreseimiento y la Audiencia ha confirmado este mes de septiembre el archivo definitivo.