Denuncian a una inmobiliaria por abandonar en una calle de Las Palmas documentación con datos confidenciales
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La policía denuncia a una empresa por abandonar en la calle cientos de documentos con datos personales
Cuentas bancarias, transacciones económicas, contratos de compraventa de inmuebles, DNI o pasaportes
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La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos a una empresa del sector inmobiliario afincada en Canarias por abandonar en la vía pública cientos de documentos que contenían los datos personales de sus clientes.
Cuentas bancarias, transacciones económicas, contratos de compraventa de inmuebles, DNI o pasaportes son algunos de los documentos que la Policía Local encontró en plena vía pública en el barrio del Lomo Blanco, abandonados junto a material de oficina en carpetas repletas de documentación.
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Agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) del Cuerpo de seguridad iniciaron una investigación en el mes de julio siguiendo algunos vestigios que apuntaban a distintas sedes de una misma empresa del sector inmobiliario en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.
La investigación policial llevó a los agentes ante el responsable del tratamiento de los datos personales que se encontraban en ese momento accesibles en plena vía pública, el cual acompañó a los policías hasta el lugar del vertido y manifestó no tener conocimiento de que su empresa hubiera perdido dicha documentación.
Pese a que la Policía Local otorgó un plazo a la empresa para retirar toda la documentación de la vía pública, esta hizo caso omiso y fue necesario solicitar al Servicio Municipal de Limpieza para que la retirara y le diera el trámite correspondiente para asegurar una adecuada destrucción de los datos.
Por todo ello se ha interpuesto una denuncia contra la empresa responsable de los datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos, que será la encargada de instruir el procedimiento sancionador que puede conllevar multas de hasta 300.000 euros.