Teodoro Leandres ha vivido un calvario que le ha dejado sin sentir “nada”. “Me han dejado sin palabras”, ha expresado en ‘El Programa del Verano’ de Telecinco, donde ha compartido su historia junto con su abogada Ana de Silva para que, pide, “hagamos todo lo posible para que lo que yo he vivido no lo viva nadie más”. El hombre fue condenado a 14 años, después de que su expareja le acusase de haber sexualmente de forma continuada de su hijo de ocho años y de haberle mostrado material pornográfico. Ha pasado tres años y dos meses en la prisión de la Riviera, en Huelva, y nueve sin ver al menor. Ahora se ha demostrado la mala praxis de las profesionales que evaluaron al niño. Tendrán que indemnizarle con 129 000 euros.
El infierno vivido por Teodoro Leandres se remonta a 2013, cuando su expareja le acusó falsamente de haber sexualmente de forma continuada de su hijo de ocho años y de haberle mostrado material pornográfico. Entonces, la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales recurrió a la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato (ADIMA) y a su Equipo de Evaluación e Investigación de Casos de Abuso Sexual (EICAS) para realizar una evaluación al menor.
Según ha señalado Ana de Silva a ‘El Programa del Verano’, este equipo, contratado por la Junta de Andalucía, puso en un informe, firmado por dos psicólogas y verificado por una perito, “que era de credibilidad máxima el testimonio de un niño que en ningún momento había dicho que había ido víctima de algún tipo de abuso”.
Y eso fue “la única prueba de cargo en el sumario” que llevó a condenar a Teodoro Leandres a 14 años de prisión. “Cuando recibió la primera sentencia tuvo un desmayo allí en la prisión”, ha recordado porque “fue un shock muy fuerte para un padre que es inocente ver que le condenan cuando todos nosotros desde siempre hemos abogado por la inocencia de Teodoro”.
Tres años después y dos meses después, Teodoro recuperó su libertad. El juicio se repitió y salió absuelto tras probarse que no había cometido esos hechos. El equipo psicólogo forense de Teodoro pudo demostrar que en esa primera sentencia condenatoria se utilizó una estrategia coactiva e inductiva en las preguntas al menor de edad, unas cuestiones y también unas respuestas, que fueron clave para condenar a un padre que no había hecho nada.
Según el equipo de Teodoro, el testimonio del hijo estuvo inducido y fue presionado a la hora de contestar. De hecho, incluso, cuentan que en una de las respuestas mezcló episodios de una conocida serie cómica que iba relatando para satisfacer la presión a la que se estaba viendo sometido.
Ahora, por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a la Consejería de Igualdad de la Junta por “mala praxis” en la evaluación psicosocial al menor. De esta forma, les condenan a pagar 129 000 a Teodoro, de los cuales 60 000, son una compensación por los daños morales graves causados al atribuirle un delito grave que él no cometió. También la Audiencia Nacional le indemnizará con otros 70 000 euros por la injusta privación de libertad que sufrió.
Sin embargo, el hombre asegura que no quiere dinero, sino concienciar a la sociedad para que nadie pase por lo que él ha tenido que pasar ya que no solo le privaron de la libertad, sino de su hijo, a quien nueve años después no ha podido ver porque “no me fio mientras esté con esa mujer”.
“El problema es cómo está mi hijo, el pensamiento que tiene mi hijo hacia mí” porque nadie le ha dicho que Teodoro Leandres no ha hecho nada y, según explica su abogada, durante tres años, el menor recibió 150 sesiones. “El niño ha sido tratado como víctima de abuso. Entonces, un niño tratado desde los ocho años casi prácticamente tres años, es muy difícil retomar esa relación. Además, tampoco ha habido ninguna intención por la otra parte de que hubiese comunicación entre el padre y su hijo”, ha indicado.